Lourdes Ninoska Pacheco Alave, quien fue erróneamente señalada como autora del secuestro de la bebé Samantha en 2020, busca una sentencia condenatoria contra el exministro Arturo Murillo, por los delitos de calumnias, difamación e injurias.

La defensa legal de Pacheco, Frank Campero, informó que el proceso penal interpuesto contra la exautoridad será reactivado tras su retorno al país, luego de cumplir una condena en Estados Unidos por lavado de dinero y sobornos en el caso de la compra irregular de gases lacrimógenos.

“El señor Murillo ya está el país y se va dar continuidad a este juicio para lograr una sentencia condenatoria y que la misma se puede ejecutoriada para un para ir a un resarcimiento de daño como corresponde de acuerdo a procedimiento”, dijo el jurista en entrevista con la red Bolivisión.

El hecho ocurrió en septiembre de 2020, durante la búsqueda de la bebé Samantha. En ese contexto, el entonces ministro de Gobierno presentó públicamente a Pacheco como la presunta secuestradora. Sin embargo, pocas horas después, se confirmó su inocencia.

“La presentan como un trofeo, de manera abusiva. A las dos horas se dan cuenta que se habían equivocado de persona y Murillo no dice nada”, señaló Campero en entrevista con Red Uno.

La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público días después de la detención. El juzgado admitió la demanda y dispuso que Murillo fuera notificado y participara en una audiencia de conciliación, a la cual no se presentó. En consecuencia, fue declarado en rebeldía y el proceso continuó su curso legal.

Campero explicó que también se solicitará una compensación económica por el daño moral causado a su defendida, cuya reputación fue afectada de manera irreversible.

“Luego se procederá al juicio, buscando una sentencia definitiva, ya sea absolutoria o condenatoria”, agregó.

El abogado precisó que el proceso fue tramitado como causa de orden privado. Inicialmente se intentó notificar personalmente a Murillo, quien alegó vivir en Cochabamba en una dirección no registrada oficialmente. Posteriormente, abandonó el país, situación que impidió el avance de la causa.

Dado que los hechos ocurrieron mientras el exministro ejercía funciones públicas, el equipo legal de Pacheco también evalúa la posibilidad de incluir en el caso la responsabilidad del Estado por la actuación institucional de la exautoridad.

Murillo retornó a Bolivia el pasado jueves y enfrenta varios procesos judiciales abiertos en el país.

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