La ministra de Justicia, Jessica Saravia, afirmó que en Bolivia “no existen presos políticos” y aseguró que en todos los procesos judiciales se respetó el debido proceso y el derecho a la defensa. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con las denuncias recurrentes de múltiples actores políticos, organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil que acusan al Ejecutivo de ejercer injerencia en el sistema judicial e instrumentalizarlo con fines políticos.
En relación con los procesos abiertos tras la crisis de 2019, Saravia dijo que las decisiones judiciales fueron tomadas “de acuerdo a procedimientos legales” y no responden a motivaciones políticas. “Un ejemplo claro es el caso denominado Golpe I, donde la defensa del señor (Luis Fernando) Camacho presentó un recurso de inconstitucionalidad que paralizó el proceso. Lo mismo sucedió en el caso de la señora Jeanine Áñez”, declaró.
