Luego de las elecciones generales y la cercanía del cambio de Gobierno en Bolivia, el Órgano Judicial dio un giro en el trámite de una serie de procesos penales sobre todo relacionados con actores políticos. Lo más reciente salió a la luz el viernes, con un instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordena la revisión de los plazos legales de detención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez; del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; y el exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari, opositores al gobierno del MAS.

La determinación puede abrir la posibilidad de que los detenidos recuperen su libertad, en caso de comprobarse que los plazos han sido excedidos. El TSJ aclaró que la disposición no supone una injerencia en la labor de los jueces, sino un ejercicio de independencia judicial para garantizar los derechos de los procesados. 

El fiscal general Roger Mariaca confirmó este sábado que el próximo lunes se instalará en La Paz una audiencia crucial que definirá la situación jurídica del gobernador cruceño y del líder cívico potosino.

Mientras que la semana pasada se dio la aprehensión del exministro de Medio Ambiente Alan Lisperguer, así como también se conoció de un proceso penal en contra del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, y otros funcionarios por el caso Botrading.

INSTRUCTIVO

El TSJ instruyó a los tribunales departamentales de justicia y juzgados públicos del país verificar de oficio el cumplimiento de los plazos establecidos en los procesos que hay contra Camacho, Áñez y Pumari, cuyos abogados advierten que ya cumplieron con los seis meses que da como máximo la normativa vigente para los detenidos preventivos.

“No es un triunfo, es una reparación; no es un regalo, es un derecho que aunque llega tarde lo recibo con mucho júbilo y con fe en que la justicia ahora nos da la esperanza a todos los bolivianos”, señaló al respecto la expresidenta Áñez.