Solo la presentación de un estudio ambiental y la consulta previa sobre la explotación del litio en la región del Salar de Uyuni, puede hacer que se levante la medida cautelar dispuesta por una juez agroambiental de La Paz que determinó la suspensión del tratamiento de los contratos en la Asamblea Legislativa, informó el presidente del Tribunal Agroambiental (TA), Richard Christian Méndez.
El 21 de agosto, a pedido de la Defensoría del Pueblo, una jueza agroambiental de La Paz determinó que la Asamblea Legislativa suspenda el tratamiento de los contratos para la explotación del litio, en tanto se cumpla aspectos como la evaluación de impacto ambiental y la consulta previa.
Méndez respaldó la decisión de la jueza porque se trata de garantizar la protección del medioambiente, el desarrollo sostenible y los sistemas de producción sostenibles; no se puede permitir actos que contradigan este desarrollo sostenible.
Indicó que la jueza tomó esta decisión toda vez que no habían estudios de evaluación de impacto ambiental que mandan no solo la Constitución Política del Estado (CPE) sino el propio artículo 25 de la Ley de Medioambiente y la Opinión Consultiva 23/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Esta Corte establece que los estudios de evaluación de impacto ambiental son obligatorios y deben cumplir requisitos como la exhaustividad, transparencia y la publicidad de estos estudios. Explicó que estos requisitos no fueron cumplidos por el Estado previo a realizar los contratos.
