La reciente aprobación de los contratos para la explotación de litio con una empresa rusa en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados ha encendido el debate político y social en el país. En el centro de la controversia están los legisladores que dieron su voto a favor, pese a las críticas de sus colegas y las denuncias de presuntas irregularidades durante la votación.
Entre quienes respaldaron el acuerdo figuran ocho diputados del MAS-IPSP: Hernán Hinojosa, presidente de la comisión; Celia Salazar; Hernán Durán; Pedro Francisco Coro; Juan José Huanca; Guiver Aymuro Valda; Sara Vania Crespo Arze y Tania Rosmery Paniagua Mafalle. A ellos se suma Ronald Huanca, de Comunidad Ciudadana. Esta información la dieron a conocer la diputada Janira Román -de Comunidad Ciudadana- mediante un TikTok; y la Central de Nor Lípez, mediante un pronunciamiento en el que declararon personas no gratas a estos parlamentarios.
La diputada Román, quien participó en la sesión criticó que algunos de estos parlamentarios defendieron de forma activa los contratos. Por ejemplo, informó que Tania Paniagua intervino en varias ocasiones solicitando la palabra para respaldar el proyecto, incluso con violencia; mientras que Sara Crespo también lo apoyó abiertamente. Pedro Coro fue criticado por votar a favor a pesar de representar a Potosí, departamento que acoge a Uyuni y sus provincias, las cuales corren el riesgo de ser afectadas, pues no se les hizo una consulta previa, libre e informada, ni se garantizó agua, salud y seguridad medioambiental para los ciudadanos que viven en el lugar.
Román denunció que el presidente de la comisión, Hernán Hinojosa, no debía votar según el reglamento, pero lo hizo igualmente, inclinándose por la aprobación. Entre los que rechazaron el contrato se encuentran Janina Roman, Alejandra Centeno, Walter Ewers, Juan Pardo, Guillermo Benavides y María Alanoca, quienes rompieron sus papeletas o las mostraron para transparentar su voto.
La aprobación de este contrato no solo puede contribuir a definir el rumbo de la explotación del litio boliviano -si es que también se aprueba en el pleno de la Asamblea-, sino que también deja abierta la discusión sobre la transparencia y la ética parlamentaria en decisiones que involucran recursos estratégicos para el país.
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