Las sesiones de la Comisión 898 de Seguimiento a las Conclusiones de la Cumbre Judicial de 2016 para impulsar una reforma de la justicia en Bolivia, conformada por las autoridades de los tres órganos del Estado, quedaron paralizadas desde marzo de este año debido a que el Órgano Judicial abandonó la última sesión de subcomisiones de trabajo en protesta porque el Gobierno no quiso debatir el tema presupuestario para este órgano del Estado. En estos ocho meses, la Comisión presidida por el Ministerio de Justicia, solo se reunió dos veces, en los anteriores años lo hacían con más frecuencia.
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, informó la anterior semana en Sucre, que esta comisión interorgánica realizó en enero de este año su 58 sesión en la ciudad de la Paz, la primera con las nuevas autoridades judiciales, en la que se acordó trabajar en subcomisiones para abordar temas relacionados con tecnología, leyes, presupuesto y carrera judicial.
En marzo pasado, las subcomisiones deberían informar sobre los avances en estas temáticas para que la comisión asuma decisiones, sin embargo, los magistrados del Órgano Judicial, por unanimidad decidieron abandonar la sesión debido a que su propuesta presupuestaria no fue tomada en cuenta como prioridad en esta instancia.
En esa ocasión, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, manifestó que el presupuesto judicial de este año tiene un desfase de 140 millones de bolivianos en comparación a la anterior gestión, lo que impide la contratación de personal eventual y consultores.
