Dentro del caso ‘Consorcio’, dos audios de conversaciones entre presuntas altas autoridades del Gobierno y jueces, vocales y funcionarios judiciales dejaron al descubierto la injerencia política en el Órgano Judicial.
El primero, filtrado el mes pasado, devela una conversación entre el exministro de Justicia, César Siles, y el juez de Coroico Fernando Lea Plaza, supuestamente para “coordinar” una resolución de acción popular que determine la suspensión de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira y que asumiera su suplente, Iván Campero, que cuando era vocal fue señalado como afín al gobierno del MAS. Esta filtración derivó en la renuncia de Siles.
El segundo audio, que salió a denuncia de la decana del TSJ, Rosmery Ruiz, involucra a su suplente en Tarija y al procurador general Ricardo Condori, a la representante de la Procuraduría en la capital chapaca y a un abogado. Ellos se habrían reunido en un local público para “planear” la suspensión de Ruiz y que, también, asumiera su suplente.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, anunció la semana pasada que enviará una solicitud al Ministerio Público para que convoque a declarar a todas las personas mencionadas en la conversación entre Siles y Lea Plaza. También se escuchan los nombres del fiscal general Roger Mariaca, del presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, y de otras autoridades que supuestamente conocían el plan de sacar de sus funciones a Coaquira.
