El Gobierno instó a la Asamblea Legislativa a considerar el contexto económico global y anticiparse al incremento del precio del litio, proyectado en más de $us 30.000 por tonelada en 2030 (actualmente alrededor de $us 9.000) y advirtió que, si no se aprueban los contratos, Bolivia perderá una gran oportunidad y más adelante se cuestionará por qué no se actuó a tiempo.
“Creo que es fundamental entender que el Gobierno tiene la responsabilidad de planificar y anticiparse al incremento del precio del litio previsto para 2030. Si no se industrializa ahora, perderemos una oportunidad más ”, afirmó Álvaro Arnez, Viceministro de Energías Alternativas, en una entrevista con radio Fides.
Arnez recordó que este proceso comenzó en abril de 2021 con una convocatoria internacional que generó una importante expectativa, y remarcó que no se trata de una aprobación “a la salida” del Gobierno, sino de un paso dentro de los procedimientos de la convocatoria: “Se necesitan al menos entre tres a cinco años para construir y poner en marcha una planta industrial”.
El Viceministro explicó que los contratos firmados con empresas Uranium One Group de Rusia y CBC de China no solo responden a afinidades geopolíticas —por ser ambos países miembros de los BRICS que representan cerca del 40% del PIB mundial— sino también a las capacidades técnicas avanzadas que poseen para la industrialización del litio.
“Más allá de la afinidad política, estamos hablando de capacidades técnicas reales. En el caso de CATL, que forma parte del consorcio CBC, estamos frente al mayor productor mundial de baterías de litio”, sostuvo.
Subrayó que, al tratarse de contratos a rango de ley, estos brindan la seguridad jurídica que requieren las empresas internacionales para ejecutar sus inversiones. “Una planta tarda entre tres a cinco años en estar operativa. Si no se aprueban ahora, el proceso tendría que reiniciarse y eso tomaría años”, expresó.
Arnez también alertó que algunos candidatos anunciaron públicamente su intención de anular los contratos si llegan al poder. Frente a esa incertidumbre, enfatizó que “quien tiene la llave y el candado es la Asamblea Legislativa para anularlos”, y que las empresas exigen leyes como garantías jurídicas para invertir en el país.
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