Los involucrados en el caso denominado ‘Consorcio’, supuestamente al mando del exministro de Justicia, César Siles, tenían planeado no solo la suspensión de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira, sino de otras dos autoridades de ese tribunal y de tres recién electos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). De esa forma, pretendían tomar el control del Órgano Judicial y del Constitucional, aseguró este jueves a Correo del Sur Radio la senadora Silvia Salame (CC).

La parlamentaria opositora indicó que, según el audio que revela una conversación entre el exministro Siles y el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, la exautoridad de la cartera de Justicia comprometió que la resolución que dictara Lea Plaza y que declaraba la suspensión de Coaquira, se iba a ratificar en última instancia en el TCP.

“Este ‘consorcio delincuencial’ también estaba tramando la destitución de tres magistrados titulares electos (en diciembre de 2024) del TCP; entonces, el objetivo de esta ‘mafia organizada’ no era solamente la magistrada Fanny Coaquira”, aseveró Salame, antes de anunciar que en su momento difundiría la información que maneja sobre el tema.

Explicó que el mecanismo era similar: acudir a acciones constitucionales o penales para suspender a las autoridades titulares de sus funciones. En uno de los casos, hay una acción de amparo de por medio y en otros se impulsa una investigación relacionada con observaciones a la docencia, dijo.

“El objetivo era librarse de los (magistrados) titulares y habilitar a los suplentes que puedan responder a los tentáculos de poder de la organización de la que también eran parte (Gonzalo) Hurtado y (Yván) Espada”, agregó, refiriéndose a dos de los magistrados del TCP.