La Fiscalía imputó formalmente a la jueza Lilian Moreno Cuéllar, quien benefició al expresidente Evo Morales, por los delitos de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad e incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia. En el requerimiento fiscal, se solicita su detención preventiva por 30 días en el centro penitenciario de Palmasola, en Santa Cruz.

En la imputación se señala que existen suficientes elementos e indicios sobre la participación de Moreno en los delitos que se le atribuyen, por lo que se justifica la aplicación de medidas cautelares. Entre los argumentos, se incluyen elementos de convicción que hacen presumir que la imputada no se someterá al proceso o que podría obstaculizar la averiguación de la verdad si permanece en libertad.

El documento también toma en cuenta un informe policial del 2 de mayo, en el que se señala que la jueza no se presentó a su fuente laboral y se desconocía su paradero. “Esta información plenamente objetiva y fidedigna demuestra que el domicilio consignado no cumple con las condiciones de habitabilidad y habitualidad, y que la misma no fue habida, lo que pone en serio cuestionamiento la vigencia y existencia de un verdadero elemento de arraigo natural”, se lee en el documento.

Asimismo, se menciona el riesgo de fuga, ya que en días recientes se hablaba de la posibilidad de que Moreno hubiera salido del país con rumbo a Perú vía terrestre.

Aunque el documento inicialmente sugiere que la medida cautelar se cumpla en el penal de Obrajes, en La Paz, finalmente se establece de manera expresa que la detención preventiva deberá aplicarse en el centro de rehabilitación de Palmasola.

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