Dos resoluciones contradictorias sobre la orden de aprehensión del expresidente Evo Morales, imputado por trata y tráfico de personas con agravante, mantienen en vilo la situación jurídica del líder cocalero que alista su registro como candidato a la presidencia.
El miércoles, la jueza de instrucción en lo penal, Lilian Moreno, de Santa Cruz, emitió una resolución que anulaba la imputación, la rebeldía y la orden de aprehensión contra el exgobernante procesado en la vía penal desde octubre del año pasado en Tarija, según confirmó a EFE su abogado Nelson Cox.
Aclaró que la decisión judicial se da después de que la defensa de Morales presentara hace unas semanas un trámite de queja para que el caso que se ventila en Tarija pasara ante un “juez natural” en Villa Tunari, en Cochabamba, bastión político y sindical de Morales y donde permanece protegido desde noviembre.
La investigación penal contra el expresidente es por haber mantenido, según la Fiscalía, una relación con una menor de edad con quien supuestamente tuvo un hijo, cuando Morales era presidente.
Producto de la investigación, un juez de Tarija emitió una orden de aprehensión, una declaratoria de rebeldía y orden de aprehensión contra Morales por no asistir en dos ocasiones a audiencias cautelares donde se debería definir su situación jurídica.
La resolución de la jueza Lilian Moreno fue recibido con beneplácito por el exmandatario, quien afirmó que “después de mucho tiempo” sintió “que llegó la justicia”.
LIBERTAD IRRESTRICTA
Según su abogado, la decisión de la jueza Moreno otorgaba la “libertad irrestricta” al político y eliminaba cualquier posibilidad de que fuera apelada.
Al conocerse la resolución judicial, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, cuestionó la disposición de Moreno.
