La Human Rights Foundation (Fundación de Derechos Humanos) saludó el informe y las recomendaciones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria respecto a la situación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
El Grupo de Trabajo concluyó que el arresto de Camacho fue arbitrario y violó el derecho internacional, así como “el principio de igualdad entre los seres humanos, al estar motivada por su opinión política como dirigente”.
A través de un pronunciamiento, la Fundación recuerda que presentó la petición en nombre de Camacho en febrero de 2023 y recordó que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas “instó al régimen autoritario híbrido boliviano a liberar inmediatamente a Camacho, otorgarle una indemnización y otras reparaciones conforme al derecho internacional”, así como ordenar una investigación independiente y adoptar las medidas pertinentes contra los responsables de esta violación de derechos humanos.
Javier El-Hage, director jurídico de la Fundación, denunció, en el pronunciamiento institucional, que Camacho, como una de las principales voces que denunciaron el fraude en 2019, fue “señalado y puesto en la mira por un gobierno cada vez más vengativo”.
“Esta decisión debería dejar clara a la comunidad internacional la verdadera naturaleza del régimen boliviano: uno que no tolera la disidencia y busca extender indefinidamente su control del poder ante las elecciones de 2025”, agregó.
Camacho, que lideró manifestaciones contra el fraude electoral perpetrado por el gobierno del MAS en las elecciones generales de 2019, fue arrestado y trasladado a la cárcel de Chonchocoro, en diciembre de 2022. El Gobierno afirma que su detención está relacionada con el caso del llamado “Golpe de Estado I”.
Ante esta situación, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas determinó que a Camacho se le negó el derecho a defenderse, ya que no se le informó de los motivos de su arresto al momento de su detención. También determinó que no existía justificación legal para su prisión preventiva y que se le negó el derecho a un juicio justo.
Citó declaraciones del presidente Arce en una entrevista con el periódico brasileño Folha de S. Paulo, en las que prejuzgó públicamente la culpabilidad de Camacho, violando su derecho a la presunción de inocencia.
La opinión también planteó preocupaciones por la decisión del Tribunal Constitucional de Bolivia de destituir a Camacho de su cargo y reemplazarlo por el vicegobernador, un aliado del MAS, bajo el pretexto de que estaba ausente de sus funciones, a pesar de su continuo encarcelamiento político.
El Gobierno rechaza
El Procurador General del Estado, Ricardo Condori, afirmó que las recomendaciones de la Human Rights Foundation sobre la detención de Luis Fernando Camacho no tienen carácter vinculante para el Estado boliviano, y calificó esas apreciaciones de “sesgadas e incongruentes”.
“La fundación Human Rights no es una institución catalogada o reconocida como tal ante las Naciones Unidas. Las únicas dos instancias reconocidas para nosotros son la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyas recomendaciones sí son vinculantes. En ninguno de estos sistemas se encuentra la Human Rights”, aclaró.
Condori dio a conocer además que, durante la audiencia pública de juicio por la crisis de 2019, desarrollada la tarde del lunes, dicha fundación no pudo acreditarse como parte de la ONU, por lo que se autorizó su participación solo como público en general.
Con base a esta aclaración, el Procurador fue enfático en remarcar que dicha opinión no es vinculante para el Estado boliviano y lamentó las apreciaciones de esa fundación sobre el tema, a las que catalogó como “totalmente sesgadas e incongruentes”.
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