La defensa de Luis Fernando Camacho, principal acusado en el juicio por la crisis política de 2019, decidió prescindir de los testimonios del presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales, quienes estaban llamados a declarar este lunes en este proceso y no acudieron a la convocatoria.

El abogado Martín Camacho, que es parte de la defensa del también gobernador suspendido de la región oriental de Santa Cruz, explicó a los medios que el presidente, el exmandatario y otros exfuncionarios del Gobierno de Morales que estaban convocados "no se presentaron a declarar" y "no presentaron ningún tipo de justificativo".

"Sin embargo, hemos escuchado a los testigos que creemos que son suficientes (...) Y justamente con la finalidad de dar celeridad al proceso y lograr la libertad del Gobernador de forma inmediata es que hemos prescindido de los testigos que no estuvieron presentes hoy (lunes)", dijo Martín Camacho a medios de La Paz.

Otro abogado del político, Fernando Vaca, explicó a los medios que en la próxima audiencia, fijada para el 10 de abril, el juicio proseguirá con la introducción de "las pruebas materiales que han sido ofrecidas por parte del Ministerio de Gobierno", que es uno de los acusadores en el denominado caso 'golpe de Estado I'.

Vaca anunció que, como defensa de Camacho, interpondrán "los incidentes de exclusión probatoria que corresponden en el ejercicio del derecho a la defensa, al debido proceso y del principio de legalidad en cuanto a la obtención" de las pruebas.

Antes de entrar a la audiencia, el procurador general del Estado, Ricardo Condori, sostuvo que Arce no se presentó porque no fue notificado.

Hace unos días, uno de los abogados de Evo Morales, Wilfredo Chávez, señaló que el exmandatario no fue notificado para declarar y que, de todas formas, no le corresponde dar su testimonio porque es "víctima" en el proceso.

Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, bajo resguardo de cientos de sus seguidores que impiden que se ejecute una orden de aprehensión en su contra por un caso de trata de personas agravada.

El caso 'golpe de Estado I' se inició por la denuncia de una exdiputada del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) en 2020 sobre los hechos que derivaron en la renuncia de Morales a la Presidencia en 2019.

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