Las más de 35 organizaciones que conforman el Comité Multisectorial publicaron este miércoles un comunicado público en el que “mantienen firme su posición de exigir la derogatoria de la Disposición Adicional Séptima de la Ley Financial 1613 por considerarla ilegal, inconstitucional y atentatoria a la propiedad privada” y desconocen la representación de Giovanni Ortuño, presidente de la CEPB.
En el documento, denominado “ratificación de la exigencia de derogatoria inmediata de la disposición adicional séptima de la ley financial”, el bloque de productores y actores de la cadena de suministro “expresan su sorpresa por la celebración de un presunto acuerdo entre la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y el Gobierno Nacional, por medio del cual aparentemente se dejaría en suspenso la aplicación de la referida normativa que allana el camino a la confiscación y decomisos”.
