El rechazo la aprobación legislativa de dos contratos para la explotación del litio ha crecido en los últimos días. La nación Lípez exigió su anulación, entre otros motivos, porque no se hizo una consulta previa con los habitantes de la zona; los cívicos potosinistas y otras instituciones de la Villa Imperial salieron a las calles en la víspera para protestar y varias instituciones de la sociedad civil alertaron sobre los riesgos económicos y ambientales si se aprueban dichos contratos.

Los pueblos originarios de la nación Lípez, mediante un pronunciamiento, exigieron que “se anulen por completo dichos convenios a cerca del litio firmados por el Gobierno boliviano con las empresas transnacionales” y se declararon en estado de emergencia.

Los firmantes, que son representantes de los ayllus de Sur Lípez, de Nor Lípez, de San Agustín y de Daniel Campos, alegan que por ser un territorio originario deben ser consultados para emprender los proyectos, un requisito que está establecido en la Constitución y que no fue cumplido.

“La explotación de recursos naturales en un determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada”, señala el pronunciamiento y agrega que el Gobierno “a título de la declaración de tierras fiscales se atribuyó firmar los contratos con empresas transnacionales sin nuestro consentimiento”.

En la Cámara de Diputados se encuentran, en espera de aprobación, los contratos con el consorcio chino CBC y con la rusa Uranium One Group, que previamente fueron suscritos por Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), para la construcción de tres plantas de producción de carbonato de litio.

El contrato con CBC, por 1.030 millones de dólares, ya fue aprobado en la Comisión de Economía Plural la madrugada del pasado viernes, en una polémica sesión, que derivó incluso en acusaciones de sobornos. El contrato está ahora en agenda para su aprobación en el pleno esta semana.

Entre tanto, la Comisión de Economía Plural analizará el otro contrato para la explotación del litio, con la empresa rusa Uranium One Group, por un monto de $us 970 millones.

Protestas en la capital de la Villa Imperial

Este lunes también hubo protestas en la ciudad de Potosí y en La Paz, por parte de cívicos residentes y la Universidad Tomás Frías.

En un mitin de protesta, los manifestantes cívicos declararon traidores a los legisladores y a la dirigencia paralela de Comcipo afín al gobierno por aprobar los contratos con la empresa china CBC, según un reporte de ANF.

“José Carlos Gutiérrez, Ronald huanca, Sara Vania Crespo, Tania Paniagua, Celia Salazar, Hernán Durán, Pedro Coro y Juan José huanca todos estos diputados que firmaron a favor de esos dos contratos, están siendo declarados como traidores al pueblo boliviano y al pueblo potosino”, afirmó uno de los dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) contestatario.

“Queremos decirle al señor Luis Arce, Potosí está en las calles y lo vamos a seguir haciendo. Si no retira estos contratos, si no se paraliza el tratamiento, discúlpenme, si hemos botado al expresidente Evo Morales, el siguiente va a ser el señor Luis Arce”, advirtió  el presidente del Comcipo contestatario, Alberto Pérez.

Previamente, docentes y el sector administrativo de la Universidad Autónoma Tomas Frías (UATF) se movilizaron con la misma demanda. El rector de esa entidad académica, Pedro López, cuestionó que después de reiteradas exigencias recién les hicieron llegar los contratos de extracción de litio. 

“Hemos solicitado al Ministerio para que nos manden los contratos y hacer un estudio técnico, esta mañana hemos recibido los contratos para hacer el análisis correspondiente. Nosotros hemos invitado en diferentes ocasiones a YLB para tratar estos contratos, pero no se han hecho caso”, manifestó.

Entre tanto en La Paz hicieron una protesta los residentes potosinos oponiéndose a la aprobación de los contratos.

Riesgos económicos y ambientales

La semana pasada también se pronunciaron cinco instituciones de la sociedad civil (Fundación Jubileo – Fundación Milenio – Fundación Solón – Club de Ginebra – CEDIB), alertando sobre los riesgos económicos y ambientales.

“Los contratos para la explotación de litio son de alto  riesgo para el Estado, con baja rentabilidad y pocos ingresos para el país, con elevados costos de producción y favorables para las empresas de China y Rusia”, señala el pronunciamiento.

Las observaciones realizadas por estas instituciones son las siguientes:  

– Los contratos y sus anexos presentados a la Asamblea Legislativa son incompletos, confusos e incongruentes, y generan incertidumbre sobre su transparencia.

– Las empresas contratadas no han demostrado tener experiencia industrial en el desarrollo de las tecnologías de EDL.

– Los riesgos financieros irán por cuenta del Estado, puesto que YLB se compromete a devolver a las empresas extranjeras sus inversiones, costos recuperables y remuneraciones, mediante la producción de carbonato de litio.

– Hay incongruencia en los costos de inversión. Uranium (empresa rusa) presenta una inversión por tonelada de carbonato de litio 2,4 veces más alta que la del contrato con CBC (empresa china).

– Las proyecciones financieras están sobredimensionadas. Hay serias dudas sobre la rentabilidad.

– El indicador de «costo de producción vs. precio de venta» es excesivamente alto.

– Los contratos favorecen a las empresas Uranium y CBC, minimizando sus riesgos y maximizando sus ganancias.

– No incluyen, de manera adecuada, aspectos ambientales cruciales respecto a agua dulce, energía utilizada, manejo de desechos químicos e industriales y potencial reinyección de salmuera residual.

– No contemplan la realización de procesos de consulta para obtener el Consentimiento Previo, Libre e Informado.

– El contrato con CBC impone penalidades elevadas para YLB.

– Las condiciones de transferencia de tecnología son desfavorables para el país.

– No mencionan el destino de los subproductos generados en las plantas, como potasio, boro, magnesio, sodio y otros.

– Se imponen restricciones que dificultan un futuro incremento de las regalías mineras (3%) para el departamento de Potosí y los municipios productores.

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