La Contraloría General del Estado estableció responsabilidades del actual titular de la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) del Órgano Judicial, Alberto Ruiz, y de los exdirectores Roger Palacios y Emilio González por disponer de recursos de depósitos judiciales sin cumplir normas que regulan la utilización de este dinero, el que ingresa por concepto de fianzas, multas procesales y anotaciones preventivas de terceras personas.
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Carlos Ortega informó que la Contraloría encontró irregularidades en la consolidación de recursos económicos de depósitos judiciales en las anteriores gestiones y, en tal sentido, solicitó al Órgano Judicial pronunciarse sobre las acciones legales que asumieron respecto de esta denuncia.
En enero de 2023, el Consejo de la Magistratura solicitó a la Contraloría una auditoría especial a recursos económicos generados por Derechos Reales y que están bajo administración de la DGAF entre las gestiones 2018 y 2022.
“Existen responsabilidades sobre la consolidación de ciertos recursos económicos de depósitos judiciales y Contraloría nos ha solicitado un informe sobre qué acciones se están realizando al respecto, en base a informes de asesoría jurídica”, dijo Ortega al anunciar que en los próximos días saldrá un pronunciamiento al respecto.
Desde el Tribunal Agroambiental, su presidente Richard Christian Méndez reveló que el informe de la Contraloría demuestra falta de transparencia en la consolidación de depósitos judiciales que fueron dispuestos sin cumplir las normas de contabilidad en vigencia. La Contraloría advirtió que el personal a cargo de la recaudación de recursos propios no solo en Derechos Reales, sino en otras instancias (Sipase, Rejap, multas, viajes al exterior) en los nueve departamentos hacían retenciones en efectivo, pero esos recursos no eran depositados a la cuenta bancaria institucional del Banco Unión ni contabilizados como ingresos diarios en el Sigep (Sistema de Información y Gestión de Empleo Público al servicio de la administración pública y de los ciudadanos), sino que supuestamente fueron utilizados para restituir depósitos judiciales.
