El Gobierno y los sectores productivos del país mantienen sus posiciones inamovibles respecto a la polémica sobre la Disposición Adicional Séptima del PGE 2025, relacionada con el decomiso de alimentos. La administración de Luis Arce esperaba anoche una confirmación para retomar el diálogo este martes y, de esa manera, evitar el paro nacional anunciado para el próximo lunes 10 de febrero.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, calificó este lunes esa medida de presión como “extrema” y “no racional”. El paro fue definido el pasado 30 de enero en el Encuentro Multisectorial realizado en Sucre.
PROYECTO DE LEY
La Cámara Nacional de Industrias (CNI), junto con las cámaras sectoriales de producción, transporte, comercio pequeñas, medianas y grandes, presentaron un proyecto de ley para derogar la cuestionada disposición del Presupuesto General del Estado (PGE), conocida como “confiscatoria”.
En una conferencia de prensa, el presidente de la CNI, Pablo Camacho, descartó que su sector tenga una posición política al rechazar, como varios sectores, la disposición considerada “confiscatoria”.
“Nuestra posición de derogar la citada disposición no puede ser interpretada como una posición política, ya que se ha expuesto de forma reiterada que es atentatoria a derechos constitucionales y va en contra del sector productivo y de abastecimiento”, aseguró.
“NO RACIONAL”
