Diversas entidades de investigación han emitido un comunicado conjunto en el que plantean 13 observaciones sobre los contratos firmados para la explotación del litio con empresas de Rusia y China. En el pronunciamiento, piden que la Asamblea Legislativa no apruebe dichos contratos hasta que se resuelvan las inquietudes planteadas.
Según el pronunciamiento de organizaciones como la Fundación Jubileo, Fundación Milenio, Fundación Solón, Club de Ginebra y Cedib, los documentos presentados a la Asamblea Legislativa son incompletos y confusos, lo que dificulta su comprensión y crea incertidumbre sobre su transparencia. Los contratos analizados fueron los firmados por Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) con Uranium One (Rusia) y el consorcio CBC (China).
Entre las principales preocupaciones destacan que las cláusulas técnicas y financieras favorecen a las empresas extranjeras, reduciendo sus riesgos y maximizando sus ganancias, lo que afectaría la rentabilidad de YLB. También advierten que los contratos implican riesgos financieros para el Estado, pues YLB se compromete a reembolsar a las empresas extranjeras sin una certeza clara de su capacidad para controlar y fiscalizar la producción de litio.
Además, se señala que las empresas contratadas no tienen experiencia industrial en la tecnología de Extracción Directa de Litio, a pesar de que se les asigna el área más rica del Salar de Uyuni. Otro aspecto cuestionado es la diferencia en los costos de inversión entre las empresas: la planta de Uranium One presenta una inversión por tonelada de carbonato de litio 2,4 veces mayor que la del contrato con CBC, sin una justificación clara.
Por último, las entidades también expresan dudas sobre la viabilidad económica del proyecto, ya que las proyecciones financieras de YLB parecen sobreestimadas y no se ajustan a los precios actuales del mercado. En el contrato con CBC, se imponen penalidades elevadas para YLB si no se cumple con la provisión de salmuera residual. Además, se cuestiona la falta de una adecuada consideración de aspectos ambientales y la consulta a los pueblos indígenas.
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