Por segunda ocasión, representantes del agro, industriales y exportadores no asistieron al diálogo sobre la disposición que apunta a luchar contra el agio y la especulación de productos de la canasta familiar, por lo que el Gobierno ratificó su llamado a un encuentro y amplió la invitación a otros actores, entre ellos a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).

La determinación fue comunicada por los ministros de Justicia, César Siles; de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca; y de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, quienes, junto a varios viceministros, esperaron a los invitados a participar del diálogo sobre la disposición séptima del Presupuesto General del Estado.

De acuerdo con Siles, los empresarios esgrimieron “posturas políticas” y en algunos casos “bastante radicales” para no retomar el diálogo, con el fin de reglamentar la disposición que “faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

“Lamentamos esa posición que es más política que técnica o que piense en el país. Lo único que pretende el Gobierno nacional es asegurar la disponibilidad y el abastecimiento de alimentos esenciales para la población y la forma de hacerlo está dispuesto en normas anteriores a la Ley Financial”, aseguró Siles.

Como sucedió el 20 de enero, no acudieron al diálogo representantes de la Cámara Nacional de Industria (CNI), de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y de la Cámara de Exportadores de Bolivia. Exigen primero la derogación de la disposición observada.

Siles lamentó la inasistencia de estos representantes, sin embargo, afirmó que el Gobierno volverá a convocarlos en el marco de la “cultura de paz y de diálogo”.

“Convocamos públicamente y nuevamente a deponer esas actitudes y esperemos que en los próximos días puedan apersonarse acá, al Ministerio de Justicia, a los ministerios que somos competentes en la materia, y empezar un diálogo constructivo sin posiciones radicales ni políticas”, afirmó.

A su vez, el ministro Flores anunció que el diálogo se ampliará a otros sectores que solicitaron su inclusión en las negociaciones sobre la disposición del PGE.

En esa línea, anunció que, además de la CAO y de la Cadex, se convocará a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), a la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), a la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), a la Cámara de Pequeños Productores del Oriente y a otros sectores.

“No nos vamos a quedar con este rechazo de estas organizaciones de empresario, vamos a seguir insistiendo porque el diálogo tiene que ser constructivo y llevarnos a la solución de estas observaciones que tienen”, explicó Flores.

En el marco de este diálogo abierto, las autoridades del Gobierno se reunirán este miércoles con los representantes de la Confederación de Gremiales de Bolivia, de los gremiales de El Alto y de la Federación de El Alto Sur, confirmó el ministro Huanca al explicar que lo que se busca en la reglamentación es generar un control consensuado con los sectores productivos.

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