Con el caso de la joven madre que fue reportada como desaparecida, pero luego encontrada en un alojamiento con sus dos hijos, la Defensoría del Pueblo abrió una investigación y advirtió que las autoridades bolivianas convirtieron una “práctica común” la vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
A través de un pronunciamiento, la entidad dirigida por Pedro Callisaya afirmó que “de manera abusiva” se abrió un proceso penal por supuestos delitos de abandono de menor, violencia familiar o doméstica y simulación de delito contra Reyna, la madre que fue encontrada luego de varias semanas reportada como desaparecida.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo no solo advierte que se afectaron los derechos de Reyna, sino también de sus hijos, quienes “fueron sometidos a un proceso investigativo traumático, tal como lo evidenciarían las evaluaciones psicológicas”.
“En dichas evaluaciones, además, se constataría que los menores no se encontrarían en situación de abandono, a pesar de las afirmaciones de las autoridades responsables de la investigación”, apunta.
Agrega que, en este caso, también se cometieron vulneraciones contra la pareja de Reyna, quien fue calificado como principal sospechoso de su desaparición y detenido injustamente. Además, señala que se cometieron abusos de autoridad y violencia institucional durante su detención, “al punto de incurrir en hechos de tortura so pretexto de realizar un proceso de investigación”.
“Asimismo, se está volviendo una práctica común y preocupante que algunas autoridades bolivianas vulneren el derecho a la presunción de inocencia, al hacer presentaciones mediáticas por parte del Ministerio de Gobierno, en clara contravención de lo recomendado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado boliviano en la sentencia del caso Valencia Campos”, reclama la Defensoría.
Recuerda que, en el caso Valencia Campos, la Corte IDH estableció que “estas conferencias de prensa tienen un impacto mediático que afecta negativamente a la honra de las personas presentadas como culpables, aun antes de que se haya realizado cualquier imputación formal en su contra”.
Un informe de la Defensoría del Pueblo revela que, hasta agosto de 2024, atendió 17 denuncias contra el Ministerio de Gobierno y la Policía por la exhibición de personas aprehendidas ante los medios de comunicación, lo cual se considera como una vulneración a la presunción de inocencia.
“Linchamiento mediático de una madre”
La Defensoría considera también que el caso Reyna es la “muestra clara de la criminalización de una mujer, del linchamiento mediático de una madre (…) de la ausencia de políticas que promuevan y garanticen a las mujeres el desarrollo pleno de sus proyectos de vida, llegando a criminalizar la pobreza de las mujeres que son cabezas de familia”.
“Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que adopten acciones de no repetición, pero principalmente para que garanticen la libertad, el debido proceso, la no revictimización y la reparación de los derechos vulnerados tanto de la señora R.R.H.H. como del señor J.L.M”, versa el pronunciamiento.
Finalmente, anuncia que iniciará acciones procesales a nivel nacional para evitar que se repitan estos casos de vulneración de derechos y, de ser necesario, llevará el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
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