El anuncio del Gobierno de convocar a un diálogo con los sectores que se oponen a la disposición séptima de la ley del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza a “entidades competentes” a realizar decomisos de productos alimenticios, no convenció al sector gremialista, que insiste en que se abrogue la medida.
El máximo dirigente de este sector en Santa Cruz, Edgar Álvarez, expresó su desconfianza en el llamado al diálogo del Gobierno, luego de escuchar la postura del presidente Luis Arce durante su discurso por el Día del Estado Plurinacional.
“Sobre el incremento de precios de algunos productos de consumo masivo, es importante puntualizar que la presión inflacionaria se concentra en los precios de productos importados y algunos de producción nacional, donde se ha evidenciado agio, ocultamiento y especulación que daña la economía popular. El Gobierno nacional, para defender el bolsillo de los bolivianos, ha elaborado normas legales que no buscan castigar al buen empresario, al buen industrial, al buen productor, al buen comerciante; no busca confiscar la mercadería de los hermanos gremiales sino, por el contrario, utilizar esta norma contra aquellos que cometan el delito del agio y la especulación. Estamos seguros que la vía del diálogo es el camino para resolver cualquier conflicto y no así medidas de hecho que dañan la economía nacional”, explicó Arce este miércoles al referirse al asunto.
