Por cuarta vez, Bolivia rinde este martes su Examen Periódico Universal (EPU) sobre la situación de los derechos humanos en territorio nacional, que organizaciones de la sociedad civil ven con preocupación.
Este mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas evalúa el cumplimiento de los derechos humanos en los países miembros y, aunque sus recomendaciones no son vinculantes, suponen una llamada de atención para los estados.
En el anterior examen se emitieron más de 280 recomendaciones a Bolivia. El Gobierno considera haber cumplido en un 85%, según declaró recientemente en La Paz el ministro de Justicia, César Siles.
“Desde la sociedad civil tenemos una visión completamente diferente (...) Es difícil dar una nota, pero (...) podríamos decir un menos diez, en el sentido de que no solo el Estado no ha seguido las recomendaciones (...), al contrario, ha intensificado aquellos temas graves, urgentes, como la institucionalidad democrática, el respeto de las instituciones, la independencia de poderes”, expresó este lunes en Correo del Sur Radio Miguel Miranda, coordinador de Incidencia en DDHH del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib).
“No hay un respeto a las reglas de juego democráticas (...), hay una erosión del respeto al rol de las instituciones, sobre todo aquellas que tienen que regular temas álgidos, como por ejemplo, el sector minero, o proteger derechos, como las áreas protegidas del Sernap”, resumió.
