El expresidente Evo Morales volvió a denunciar que el Gobierno nacional impidió que reciba atención médica e incluso amenazó a profesionales de la salud, pese a que desde la administración de Luis Arce tildaron de falsa la acusación del líder cocalero.

En su denuncia, Morales reveló que padece “bronquitis, hipertensión aguda y bradicardia”, que no pudo ser tratada porque el Gobierno “impidió con amenazas a profesionales cardiólogos, neumólogos, entre otros, que revisen mi estado de salud”.

“Esto es un verdadero abuso y una violación de derechos fundamentales como el acceso a la salud.  Es el nivel de indolencia y de impunidad que manejan”, publicó el exmandatario en sus redes sociales.

Agregó que “estas prácticas no son aisladas”, al acusar nuevamente al Gobierno de organizar “un atentado valiéndose de efectivos policiales e instalaciones militares para disparar contra los vehículos que me trasladaban”.

Pese a ello, Morales señaló que está fortalecido y trabajando para presentarle a Bolivia “una opción electoral que le permita salir de la crisis, confiados y agradecidos del respaldo del pueblo”. “No nos rendimos ni nos vendemos”, cerró.

El pasado domingo, Morales acusó al gobierno de Arce de prohibirle el acceso a una certificación médica para justificar su inasistencia a una audiencia judicial en dos ocasiones, razón por la que recientemente un juez declaró su "rebeldía".

Morales debía comparecer el martes ante un tribunal en la sureña región de Tarija para responder por un caso en el que se le acusa por trata agravada de personas, debido a una supuesta relación con una menor con la que habría tenido un hijo en 2016, cuando ejercía la Presidencia.

La defensa de Morales presentó un certificado médico de impedimento de asistencia a la audiencia por una bronconeumonía, mientras que el juez Nelson Rocabado postergó el acto judicial para el viernes, con la condición de que en 48 horas el exmandatario demostrara su enfermedad.

El juez consideró que Morales no justificó su ausencia dentro del plazo establecido, por lo que declaró su "rebeldía", dictó una orden de aprehensión en su contra y pidió la anotación preventiva de sus bienes además del congelamiento de sus cuentas.

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