El subalcalde de Cotahuma, de la ciudad de La Paz, Gonzalo Alberto Gonzales, fue aprehendido este viernes al mediodía, en el marco de las investigaciones por la mazamorra registrada en la zona de Bajo Llojeta el pasado 23 de noviembre.
La investigación se amplió en contra del funcionario edil y este viernes la comisión de fiscales determinó emitir la orden de aprehensión conforme al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, que establece la probabilidad de autoría como fundamento.
Según información del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, “a las 12:30 del mediodía, dos efectivos policiales se presentaron en las oficinas del Subalcalde de Cotahuma para dar cumplimiento a la orden de aprehensión”.
Gonzales fue conducido a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para prestar su declaración informativa, esta vez en calidad de aprehendido.
De acuerdo con fuentes consultadas, el subalcalde está siendo investigado por la presunta emisión de permisos para el movimiento de tierras a la empresa Kantutani. Sin embargo, se espera la declaración de la Fiscalía para confirmar los motivos precisos de su aprehensión.
Nota actualizada
Luego de conocerse la aprehensión del subalcalde de Cotahuma, la Policía informó que también se dio cumplimiento al mandamiento de aprehensión contra el subalcalde del Distrito 6 de Achocalla; ambos fueron conducidos hasta las instalaciones de la fuerza anticrimen de la urbe paceña.
“La comisión de fiscales, a cargo del abogado José Omar Yuca Paucara, ha determinado la aprehensión del señor Gonzalo A. G., subalcalde de Cotahuma, y del señor Juan C. A. M., subalcalde del Distrito 6 de Achocalla. Ellos están ahora prestando sus declaraciones y se les han leído los derechos correspondientes”, informó en horas de la tarde el coronel Walter Sosa, jefe nacional de la Fuerza Anticrimen.
Por su parte, el alcalde de La Paz, Iván Arias, se constituyó en las instalaciones de la FELCC, donde brindó todo su apoyo al subalcalde de Cotahuma y cuestionó que el Ministerio Público no haya aprehendido a ningún representante de la empresa Kantutani, que, según el criterio de Arias, es la única responsable de la mazamorra registrada en Bajo Llojeta.
Dentro de este proceso, la investigación se abrió por los delitos de estrago con agravante de muerte, incumplimiento de deberes y homicidio culposo, debido al fallecimiento de una niña de cinco años como consecuencia del desastre.
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