Los ciudadanos bolivianos irán este domingo "confundidos y desinformados" a unas elecciones judiciales marcadas por un proceso accidentado, retrasado un año y politizado por la prórroga de funciones de los magistrados, afirmó en una entrevista con EFE el exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), José Antonio Rivera.

"Concurrimos a estas elecciones judiciales el domingo sin conocer a los candidatos y candidatas, por la falta de una buena planificación y hasta de voluntad del Tribunal Supremo Electoral (TSE)", señala.

El también presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (ABEC) explicó que aparte de la desinformación, la población está confundida por dos aspectos: la cantidad de candidatos a diferentes tribunales y a las últimas resoluciones que determinaron que en solo cuatro de nueve regiones haya elecciones de forma completa.

"Tenemos una papeleta con una serie de fotografías y nombres que no nos dicen nada. Hay confusión", agregó.

El TCP declaró en noviembre desierta la convocatoria para elegir a los magistrados de ese tribunal y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por lo que las regiones de Cochabamba, Beni, Pando, Santa cruz y Tarija no podrán votar por los postulantes al TCP, y en Beni y Pando tampoco se podrá votar los candidatos al TSJ.

Los comicios judiciales se realizarán de forma completa tan solo en La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca.

"El Constitucional, a poco menos de un mes de las elecciones, ha emitido decisiones disponiendo la declaratoria desierta de la convocatoria para magistrados del TCP en 5 departamentos y del TSJ para dos departamentos, nuevamente infringiendo el área de su competencia", dijo Rivera.

Elecciones no resolverán la crisis de la justicia

"Estas elecciones no van a resolver la crisis estructural y terminal en la que se encuentra sumido el sistema judicial del Estado boliviano", aclaró el exmagistrado.

También explicó que la solución a la crisis judicial no se reduce a las elecciones, sino que tiene que existir "un acuerdo nacional por una voluntad genuina de garantizar el Estado constitucional y seguridad jurídica" con reformas "radicales" en la selección y elección de magistrados.

Rivera formó parte de un grupo de cuatro abogados "notables", convocados por el Gobierno de Luis Arce, que tenían la misión de "transformar la Justicia" mediante un plan global, pero éste no funcionó debido a otras alternativas que manejó el Ejecutivo, las cuales tampoco tuvieron resultados.

Para el exmagistrado, realizar las elecciones judiciales no significa fortalecer la democracia, sino "evitar un mayor debilitamiento de la institucionalidad democrática".

"Desde 2009, cuando se promulgó la nueva Constitución Política del Estado (CPE), estamos  atravesando un proceso de verdadera inconstitucionalidad, caracterizada porque los gobernantes y actores políticos invocan a la Constitución cuando conviene a sus intereses, pero la van infringiendo de manera permanente", subrayó Rivera.

"Al día siguiente deberíamos exigir al Legislativo para que inmediatamente inicie un nuevo proceso de selección de candidatas y candidatos para los cinco departamentos donde no se realizan las elecciones de forma completa", sugirió Rivera.

"Deberíamos pedir al Ministerio Público que instaure un juicio de responsabilidades a aquellos magistrados que han infringido la Constitución prorrogando su mandato", agregó.

El ente electoral habilitó a 7,3 millones de votantes quienes elegirán de entre más de 90 postulantes a los nuevos magistrados del TSJ, TCP, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

Esta será la tercera elección judicial luego de las realizadas en 2011 y 2017, en las que la mayoría de los ciudadanos votaron en nulo y blanco, al considerar que los postulantes seleccionados en el Parlamento eran afines al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

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