La expresidenta Jeanine Áñez y el gobernador titular de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recordaron este domingo con pedidos de justicia los cinco años de la renuncia del exmandatario Evo Morales e insistieron en que cometió un fraude en las fallidas elecciones de 2019.
Áñez y Camacho son las dos principales figuras de la oposición en prisión, con procesos penales por la crisis de 2019 iniciados a instancias del gobierno de Luis Arce y el MAS, que consideran que ese año hubo un “golpe de Estado” contra el entonces presidente Morales.
La oposición asegura que Morales renunció a la Presidencia como consecuencia de las protestas por las denuncias de un fraude electoral a su favor en los comicios generales de 2019, luego anulados.
“El 10 de noviembre de 2019, a 21 días del fraude electoral denunciado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la protesta pacífica del pueblo de Bolivia en las calles, huyeron al Chapare (en el centro de Bolivia) y renunciaron a la Presidencia y a la Vicepresidencia de Bolivia Evo Morales y Álvaro García Linera”, escribió Áñez en la red social X.
La exmandataria recordó que por entonces ella era segunda vicepresidenta del Senado y que era parte de la “protesta pacífica contra el megafraude mientras la violencia del MAS, instruida por Evo Morales, atacaba a civiles”.
Áñez aludió así a la reacción violenta que hubo tras la renuncia de Morales en ciudades como La Paz, donde turbas salieron a cometer saqueos e incendiar inmuebles sobre todo en la zona sur paceña, donde se habían concentrado las protestas contra la reelección del político.
Lamentó que la investigación penal por el fraude no haya prosperado y acusó al entonces fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, y a la mayoría oficialista en el Legislativo de elegir “la impunidad de sus dirigentes”.
La opositora expresó su confianza en que en 2025, cuando se celebrarán las elecciones generales, retornará la “democracia” al país, estos hechos “serán juzgados” y “muy pronto” habrá justicia.
Áñez asumió el mando interino del país dos días después de la renuncia de Morales y de todos los funcionarios en línea de sucesión presidencial.
Dentro de uno de los procesos penales que le inició el oficialismo, la exmandataria fue sentenciada en 2022 a 10 años de cárcel acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión.
También en X, Camacho sostuvo que “lo sucedido hace cinco años” quedará en la historia como un “fraude” y una “renuncia” ante la protesta de los bolivianos “cansados del abuso, la corrupción y las violaciones a la Constitución de parte de Evo Morales”.