El escándalo de la suspensión de la orden de aprehensión de Evo Morales, dentro de un proceso por presunto estupro y trata infantil, sumado a la destitución de la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, por impulsar esa investigación, hizo que se desempolven otros casos de relevancia en los que el Ministerio Público se hizo de la vista gorda y excluyó de toda investigación al expresidente.

Cuando todo apuntaba a que el fiscal general Juan Lanchipa cerraría sin sobresaltos su gestión de seis años en el más alto cargo del Ministerio Público, el jueves pasado salió a la luz el escándalo del caso de trata de personas que se investigaba en Tarija.

UNO POR UNO

En 2020, durante el gobierno de Jeanine Áñez, el Ministerio Público, a la cabeza de Juan Lanchipa, inició un proceso penal contra Morales por el caso fraude electoral de 2019. El Fiscal General informó en ese entonces que además del exmandatario, estaban procesados Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana, Héctor Arce y Carlos Romero. Sin embargo, después, la investigación quedó archivada.

En abril de 2016 se produjo el asalto al Hotel Las Américas. El mismo Morales confesó desde Venezuela que había dado la orden de ejecutar el plan de intervenir ese lugar, donde acribillados Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer. Hoy, ese caso está entrando a la CorteIDH en un proceso contra el Estado boliviano. En nuestro país, nunca se investigó al expresidente por este caso.

La corrupción de 6,8 millones de dólares en el exFondo Indígena Originario Campesino (Fondioc) en 2015, por la que el Ministerio Público abrió procesos penales al menos a 200 dirigentes del entorno cercano a Evo Morales, jamás tocó al expresidente, como la Máxima Autoridad Ejecutiva. Por lo menos en cuanto a la investigación fiscal.

Otro caso es el denominado ‘24 de Mayo’, en el que se procesó a una quincena de dirigentes del Comité Interinstitucional, por la vejación a campesinos en la plaza 25 Mayo. Aquel día de 2008, Morales debía llegar a Sucre y el MAS trasladó a la capital a un grupo de campesinos para recibirlo, pero fueron vejados por los mismos militantes que, en lugar de ser investigados, aparecieron en cargos públicos.

La Calancha, también en Sucre, donde en 2007 fallecieron tres personas. ¿Qué hizo el Ministerio Público? Aceptó procesar al exministro de Gobierno Alfredo Rada y a tres jefes policiales, pero excluyó a Morales de la investigación, pese a que él, en su condición de Presidente, ordenó la intervención policial.

Sobre este último caso, hace unas semanas, cuando los periodistas en Sucre le preguntaron al fiscal general Lanchipa su opinión sobre la impunidad de los sucesos de La Calancha, la autoridad prefirió no responder y se alejó.

Por la represión violenta de la Policía a la marcha de los indígenas en Chaparina, en septiembre de 2011, se sancionó a tres generales policiales, pero el Ministerio Público, encabezado primero por Ramiro Guerrero y luego por Juan Lanchipa, en ningún momento investigó al entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, ni al jefe de Estado, Evo Morales. Los indígenas se oponían a la construcción de una carretera que atravesaría el núcleo del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

Con relación al escándalo del hijo imaginario de Morales con su novia Gabriela Zapata, en 2016 (siendo ella menor de edad en 2007), concluyó con una sentencia de 10 años de prisión para la exgerente de la empresa china CAMC por legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica y uso de pruebas falsas, pero el expresidente no fue incluido en la investigación.

Los 13 muertos del 11 de septiembre de 2008 en Pando, registrados durante el gobierno de Morales en lo que se denominó la “Masacre de Porvenir”. Ni Guerreo, desde 2011, como fiscal general, ni Lanchipa desde 2018 tomó en cuenta a Morales en la investigación.

A todos estos casos se suman los cuatro de presunto estupro y trata de personas que involucran al exmandatario por su relación sentimental con menores de edad. Tres de esas jovencitas quedaron embarazadas.

CERCANO A EVO

El abogado penalista y defensor de derechos humanos Jorge Valda dijo que Lanchipa fue un estrecho colaborador de Evo Morales en su gobierno.