A través de una nota, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, solicitó al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, diferir el tratamiento del proyecto de Ley 036/2023-2024 respecto a 19 contratos mineros, hasta que se conozca una determinación sobre la medida cautelar presentada.
Dichos informes no se encuentran en ningún canal oficial para acceder a la información de esos contratos, cuando justamente el acceso a la información en asuntos ambientales es uno de los pilares del “Acuerdo de Escazú”.
“La Defensoría del Pueblo ha interpuesto una medida cautelar ambiental; por lo que, solicito que en caso de disponerse el tratamiento del proyecto de Ley, se difiera hasta que la autoridad jurisdiccional emita una determinación en dicha solicitud de medida cautelar”, señala la nota enviada.
El recurso presentado ante la jurisdicción agroambiental, se solicita el acceso a la información y participación en la toma de decisiones en asuntos ambientales en resguardo del derecho de la población boliviana.
