La demanda de Evo Morales para una indemnización de Bs 1.912.933,59 develó diferencias en su equipo de confianza. Mientras el exministro de Gobierno Carlos Romero negó la demanda, el también exministro Wilfredo Chávez confirmó la exigencia y defendió el derecho de resarcimiento del expresidente

“Hablo con Morales cinco o siete veces al día, y nunca me ha comentado que quiera una indemnización, él nunca ha pedido reparación civil cuando lo expulsaron del congreso (2002) y tras su inhabilitación inconstitucionalmente al Senado (2020), nunca ha pedido indemnización”, salió Romero a aclarar tras revelarse la demanda interpuesta por Morales.

Desde Santa Cruz, Romero aseguró que Morales no tiene razón para solicitar la indemnización porque cuenta con un “sueldo de expresidente”, que dona para los ítems de una escuela, y “sus criaderos de tambaquí, sembradíos de arroz y actividades agrícolas”.

Horas después y en La Paz, Chávez salió en conferencia de prensa a confirmar la demanda del pago de una indemnización por Bs 1.912.933,59, porque en 2020 el Tribunal Supremo Electoral (TSE), presidido por Salvador Romero, lo inhabilitó como candidato a senador por Cochabamba.

El cálculo de la indemnización, explicó, se hizo a partir de los sueldos que Morales no pudo acceder al ser inhabilitado.

En su petitorio, Chávez invoca el cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0087/2021, difundida el 7 de mayo de 2021, que declaró inconstitucional la inhabilitación de la candidatura de Morales y dispuso el pago de una indemnización económica.

El expresidente fue inhabilitado bajo el criterio que no residía en Bolivia, ya que en ese entonces cumplía un refugio político en Argentina.

Legisladores afines a Morales reivindicaron el derecho del expresidente de cobrar la indemnización, mientras legisladores de la oposición cuestionaron la pretensión. El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga lo calificó de cínico.

“Con esto se demuestra que Evo Morales es un cínico en serie, prácticamente en 14 años le ha robado al país con actos de corrupción, con elefantes blancos, con gastos insulsos, con lujos que se han realizado en época de bonanza y prácticamente ha derrochado el dinero de todos los bolivianos”, reprochó.

Chávez recordó que cuando Morales fue expulsado del exCongreso en 2002 también apeló a “un amparo constitucional”.

En esa ocasión, “el Tribunal Constitucional reparó los daños de Evo Morales e instruyó la reparación del daño civil. En ese entonces ha recibido una remuneración y, como todo el pueblo boliviano sabe, ese dinero ha ido en cierta medida a reparar o a dar apoyo a las víctimas de octubre y a otros gastos sociales”, rememoró.

En marzo de 2022, cuando se conoce la sentencia para la indemnización, el expresidente Morales descartó cobrarla y dijo que solo le interesaba “saber quién dio la orden”, empero, ahora busca se le pague.

“Nunca hemos pedido indemnización por la inhabilitación política ilegal e inconstitucional a nuestra candidatura como senador por Cochabamba. Estamos sorprendidos de que el Tribunal Constitucional Plurinacional – TCP recién publique una sentencia que siempre supimos debía ratificar nuestro derecho a postularnos”, escribió Morales en su cuenta de Facebook el 17 de marzo de 2022.

Para Chávez, “no hay contracción” entre lo que dijo Morales en 2022 y sus actos de ahora en los tribunales.

“El presidente Evo no ha cambiado su posición, sale la sentencia luego y efectivamente hay que cumplirla, que es una cosa diferente”, justificó.

El proceso por esta indemnización, a cargo de la Sala Constitucional Segunda de La Paz, está en un periodo de prueba, donde la defensa de Morales debe demostrar la “pérdida o disminución patrimonial que haya sufrido la parte damnificada como consecuencia del acto ilegal cometido en su contra”, además de los gastos que efectuó y otros.

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