El Gobierno abrogó el Decreto Supremo 5139 que autorizaba un presupuesto de Bs 3.637.401 para el desarrollo, control de calidad, migración e implementación del Sistema Único de Gestión de Servicios y Registros de Derechos Reales.
El Decreto Supremo 5162 establece en su artículo único: “Se abroga el Decreto Supremo Nº 5139, de 27 de marzo de 2024”.
La medida se establece después de la decisión del presidente Luis Arce de anular el Decreto Supremo 5143 de modernización de Derechos Reales, para neutralizar un intento de movilización con fines de desestabilización y convulsión social.
El Decreto Supremo 5156 abrogó el Decreto Supremo 5143, “debido a que se difundió información tergiversada, y a fin de evitar que el pueblo boliviano sea nuevamente víctima de intereses particulares que buscan generar convulsión social en el país”, se lee en la parte considerativa de la norma.
Con esa decisión queda vigente el Decreto Supremo 27957, de 24 de diciembre de 2004 que reglamenta la Ley de Inscripción de Derechos Reales de 1887.
Blanco de ataque de sectores opositores, el abrogado decreto 5143 tenía el objetivo de evitar las dobles partidas y avasallamientos, brindando seguridad a la población y transparentando los trámites a través del uso de la tecnología, según el Gobierno.
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