El informe, aprobado mediante el CITE UNTR/CM N.° 009/2025, se originó a partir de la denuncia presentada por Macario Ingali Apaza, apoderado de Eva Villan Cabrera. Según la denuncia, un lote colindante habría registrado un incremento irregular de superficie, pasando de 125 a 250 metros cuadrados, lo que generó una presunta superposición con un derecho propietario previamente inscrito.
La investigación de la Unidad Nacional de Transparencia estableció observaciones en los asientos A-4 y A-5 de la Matrícula N.° 2.08.1.01.0004019, donde —según el informe— no se habrían cumplido los requisitos técnicos ni legales establecidos en la normativa vigente, lo que podría afectar la seguridad jurídica del registro inmobiliario.
El documento identifica indicios de responsabilidad administrativa y penal en cuatro exfuncionarios.
Entre ellos se encuentra Jorge Ever Maquera Patzi, exinscritor de Derechos Reales de Sica Sica, quien es observado por incumplimiento de procedimientos, presunta modificación de registros informáticos y omisión en el cobro de aranceles, además de posibles delitos como manipulación de datos informáticos y falsedad ideológica.
También figura Leonor Vera Condori, exsubregistradora de Derechos Reales de Sica Sica, señalada por expedir o legalizar documentos presuntamente falseando la verdad y por no verificar requisitos obligatorios del trámite. En el ámbito penal se menciona presunta falsedad ideológica al haber validado la modificación de la superficie sin respaldo técnico ni legal suficiente.
El informe también apunta a Diego Alcidez Tarquino Rengel, exinscritor de Derechos Reales de Patacamaya, por la modificación de registros informáticos que habrían incrementado la superficie del predio de 125 a 225 metros cuadrados, además de presunta omisión de aranceles y falta de documentación de respaldo.
Finalmente, se menciona a Hugo Santos Quelca Quelca, exsubregistrador de Derechos Reales de Patacamaya, quien habría legalizado trámites sin verificar la documentación obligatoria y no emitió un informe requerido por la instancia de Transparencia, lo que también podría constituir falsedad ideológica.
Acciones recomendadas
A partir de estos hallazgos, el Consejo de la Magistratura dispuso varias medidas, entre ellas:
- Remitir los antecedentes a la Dirección Nacional de Control y Fiscalización para una auditoría jurídica.
- Iniciar procesos sumarios administrativos contra los implicados.
- Presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
- Remitir el informe a la Unidad de Transparencia del Distrito La Paz.
El documento fue elaborado y suscrito por la abogada Sonia G. Villavicencio Velasco, profesional de la Unidad Nacional de Transparencia del Consejo de la Magistratura.
Postura del delegado
Consultado por Red UNO, el delegado del Consejo de la Magistratura en La Paz, Marco Antonio Cárdenas, indicó que mientras no exista una sentencia ejecutoriada los denunciados continúan habilitados, evitando confirmar si se activarán de inmediato los procesos disciplinarios o penales recomendados en el informe.
Cárdenas tampoco precisó si la institución iniciará ambas acciones o si se adherirá al proceso penal ya presentado en Sica Sica contra la exsubregistradora Leonor Vera Condori, quien enfrenta además un segundo caso por presunta falsedad ideológica.
El Consejo de la Magistratura reiteró, a través del documento, su compromiso con la transparencia institucional, el control disciplinario y la protección de la seguridad jurídica dentro del sistema registral del país.
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