El presidente Luis Arce abrogó este martes el Decreto Supremo (DS) 5143 sobre el registro de Derechos Reales “para evitar una convulsión social” en el país y denunció un “plan de desestabilización”. Sin embargo, varios sectores ratificaron sus medidas de presión, ahora, en demanda de la anulación de otras normas como el DS 4732, según el cual los contratos de preventa de bienes e inmuebles requieren de una certificación del Ministerio de Justicia.
Luego de una reunión con dirigentes del Pacto de Unidad ‘arcista’, el mandatario denunció que el objetivo de la norma fue distorsionado y manipulado para “mentir” a la población.
“Sabemos lo sensible que es este tema y que lamentablemente está siendo aprovechado con fines no solamente políticos, sino también hay un plan de desestabilización en marcha, para convulsionar el país a partir de este Decreto Supremo. Hay un plan de convulsión social para las próximas semanas que está en marcha y que quieren utilizar este y otros temas para llevar a la población a algo no deseado, porque el pueblo boliviano lo que quiere es trabajar”, denunció.
El Presidente aseguró que con esa norma se buscaba garantizar la propiedad privada de la población a diferencia de las versiones de sectores, la oposición y del ala ‘evista’ del MAS, que denunciaban que el Gobierno buscaba tener el control de los bienes particulares.
“Lamentablemente, está siendo aprovechado con fines no solamente políticos, sino también hay un plan de desestabilización que está en marcha para convulsionar el país a partir de este decreto supremo”, afirmó.
IMPROCEDENTE
Una vez abrogado el DS 5142 de Derechos Reales, el TCP declarará improcedente la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta (AIA), al no existir la norma impugnada, según conoció CORREO DEL SUR. Esta decisión se tomará una vez que sea sorteada la AIA.
Antes de la intervención del primer mandatario, en la misma conferencia de prensa, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, informó que a sugerencia del Pacto de Unidad se pidió la abrogación del decreto, tras el ambiente de conflictividad y la actitud de querer “politizar” la norma.
APUNTES
1. La diputada Luciana Campero (CC) denunció que el Gobierno traspasó a la Agetic más de Bs 3,63 millones para impulsar el nuevo sistema de Derechos Reales.
2. La diputada Gloria Callisaya, del Movimiento Al Socialismo (MAS), defendió la decisión del Ejecutivo y denunció mala información y amenazas de conflictos.
3. El ministro de Justicia, Iván Lima, djo que el abrogado DS 5143 buscaba bancarizar las transacciones de DDRR para evitar la corrupción por falta de control.
Agetic suspende una licitación para DD.RR
La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) suspendió el millonario proceso de licitación para la adquisición de infraestructura tecnológica destinada a la implementación del sistema único de gestión de servicios y registros de Derechos Reales.
“Tras la suspensión de la aplicación del Decreto Supremo 5143 por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), se ha procedido con la suspensión del proceso de contratación”, cita un comunicado de Agetic.
La Agetic había publicado el 29 de abril la licitación para la compra de dos servidores de alta gama por un monto global de Bs 31.138.341.
