El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tiene en sus manos la decisión sobre la constitucionalidad o no del Decreto Supremo 5143 de Derechos Reales promulgado por el presidente Luis Arce y resistido por varios sectores políticos, sociales y empresariales y que se ha convertido en otro tema conflictivo dentro de la pugna política entre ‘arcistas’, por un lado, y ‘evistas’ y opositores de CC y Creemos, por el otro.

Todo el procedimiento para que este decreto llegue al TCP duró menos de 48 horas. Al mediodía del jueves pasado, el diputado evista Santos Mamani entregó en Sucre una Acción de Inconstitucional Abstracta (AIA) en el TCP y, cinco horas después, su colega arcista Juan José Jáuregui anunció en una conferencia de prensa, en La Paz, la presentación de una AIA contra el mencionado decreto.

Esa misma noche, el presidente Luis Arce, en un diálogo con periodistas de la sede del Gobierno, informaba que dejaba en manos del órgano contralor de la Constitución la decisión de declarar constitucional o no esta norma, por lo que su aplicación quedaba en suspenso.

Al día siguiente, en menos de 24 horas, la Comisión de Admisión del TCP se pronunció con dos autos constitucionales haciendo conocer que tramitará estos recursos y otorgando la medida cautelar solicitada por Jáuregui de suspender la aplicación del decreto impugnado hasta que se emita la correspondiente sentencia.

Mamani no pidió ninguna medida cautelar porque, para él, los magistrados que ampliaron su mandato no están habilitados para resolver su recurso, sino las nuevas autoridades que deben ser elegidas en las próximas elecciones judiciales.

DESCONFIANZA

Tras la admisión de las dos acciones de inconstitucionalidad en el TCP, algunos sectores y políticos expresaron su desconfianza en los tribunos. Mantienen su posición de exigir la abrogación de la norma y ratifican el inicio de movilizaciones a partir del 20 de mayo.

El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, dijo que las autoridades del Gobierno enviaron el decreto al TCP con la intención de blindar la norma, que tiene un fuerte rechazo desde diferentes frentes. Los detractores de la norma advierten que se busca atentar contra la propiedad privada.

El expresidente Jorge Tuto Quiroga opinó que lo adecuado, según el artículo 57 de la Constitución Política del Estado (CPE), es normar Derechos Reales con una ley. Sin embargo, mencionó que Arce quiere cambiar una ley por un decreto porque no tiene mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

La viceministra de Justicia, Jesica Saravia, ratificó este sábado que el Decreto 5143 es constitucional, no vulnera el derecho a la propiedad privada y busca “desbaratar a organizaciones criminales”.

LA ADMISIÓN EN EL TCP

En respuesta a las acciones de inconstitucionalidad presentadas por separado por los legisladores Mamani y Jáuregui, la Comisión de Admisión del TCP emitió el viernes dos autos constitucionales.

El Auto Constitucional 0205/2024 CA señala: “Admitir la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta planteada por Juan José Jáuregui, titular de la Asamblea Legislativa (...) y poner la presente acción en conocimiento de Luis Arce, presidente del Estado, en representación del órgano que generó la norma impugnada”.

En similar sentido dispone la admisión de la AIA planteada por Mamani y ordena que por Secretaría General se verifique el ingreso de causas que contengan el mismo cuestionamiento de constitucionalidad sobre el mencionado decreto y, por ende, generen la necesidad de su acumulación por conexitud.

LOS PEDIDOS

El diputado Mamani solicita que se declare la inconstitucionalidad total del Decreto 5143 y, por conexitud, la inconstitucionalidad total del DS 27957; por consiguiente, la inaplicabilidad de ambos decretos supremos.

En cambio Jáuregui, en su AIA, solicita que se declare inconstitucional el DS 5143 por contraponerse al artículo 298.II.18, además de exhortar a la ALP que sancione una ley especial del Sistema de Registro Público de Derechos Reales, en observancia de la citada disposición constitucional, a efectos de la reglamentación de la ley especial del registro de DDRR., por parte del Órgano Ejecutivo.