Un nuevo cortocircuito se produjo entre el Gobierno y la Fiscalía, esta vez en torno a la incautación de más de siete toneladas de cocaína en Pisiga, en la frontera entre Bolivia y Chile. La droga estaba adherida a estructuras de hierro y pretendía ser enviada a Bélgica.

Tres hombres fueron enviados a la cárcel con detención preventiva; sin embargo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, acusó a la Fiscalía de filtrar información que permitió a los dueños de la droga huir del país.

“Lamentablemente, por información que se ha filtrado a través del Ministerio Público a los medios de comunicación, los dueños de esta mercadería han fugado del país”, cuestionó Del Castillo en una conferencia de prensa.

Uno de los propietarios ya habría fugado del país el domingo en horas de la mañana desde la frontera con Brasil y ahora se encuentra “escondido” en los Estados Unidos. Otro de los involucrados dijo que ya estaría “a buen recaudo”.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, respondió a Del Castillo y negó que se haya filtrado información porque –argumentó– se informó del caso 36 horas luego del operativo.

Agregó que la incautación de la droga fue pública y de conocimiento de la población de Pisiga, personeros policiales y de la Aduana.

Caso Marset

No es la primera vez que Del Castillo apunta contra la Fiscalía por casos relacionados al narcotráfico, pues el año pasado afirmó que el narco uruguayo Sebastián Marset escapó con ayuda de algunos funcionarios del Ministerio Público, tras conocer por algunos informes de inteligencia que los operativos para su capturar no se ejecutaban a tiempo debido a la falta de algunos requerimientos que demoraban entre 24 y 72 horas.

“Hubo muchas trabas desde que teníamos informes de Inteligencia de otros países, información que ha sido procesada en territorio nacional. (...) Yo no dudo y no elimino esa probabilidad de que hubiesen existido policías que hubieran ayudado a facilitar la fuga de este sujeto”, señaló entonces el Ministro de Gobierno.

En esa oportunidad, el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, salió a defender el trabajo del Ministerio Público, al afirmar que el trabajo que realizó fue responsable y objetivo.

“Nosotros vamos a respetar siempre el debido proceso en todas las investigaciones. Por eso es la confianza que se le puede dar a cada uno de los fiscales y por el compromiso que han demostrado en la presente investigación y los diferentes procesos que se lleva adelante contra Marset y otros”, señaló.

Hace unas semanas, durante el bloqueo en Cuatro Cañadas, donde murió el viceministro Israel Ticona en un accidente, Del Castillo también cuestionó la demora de la Fiscalía en sus diligencias.

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