La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) afín al presidente Luis Arce exige a la Fiscalía iniciar acciones legales en contra de los autores intelectuales y materiales del bloqueo de caminos de afines a Evo Morales, para establecer la fuente de financiamiento y sanciones por el daño económico y muertes provocadas.
“Exigimos al Ministerio Público inicie las acciones legales de oficio contra de los autores intelectuales y materiales (de los bloqueos) por las pérdidas millonarias al Estado y la población en general, la escasez de alimentos y combustibles y las cuatro muertes generadas por los actos violentos”, se lee en la resolución de la organización que preside el Pacto Unidad ‘arcista’.
El daño económico por los bloqueos fue calculado en más de $us 832 millones, además fueron reportados cuatro muertos y perjuicios a gran parte de la población. La Policía detuvo a personas en puntos de bloqueo que llevaban dinero que sumó Bs 3 millones.
Además, los campesinos piden en el documento que la Fiscalía realice “una investigación exhaustiva del financiamiento ilegal millonario para estas movilizaciones”.
Afines a Morales bloquearon carreteras por 12 días, aunque en algunos puntos se mantiene la extrema medida de presión. Los ‘evistas’ instruyeron el viernes levantar el bloqueo, tras que en el Legislativo se llegó a un acuerdo para viabilizar las elecciones judiciales y créditos externos.
La medida exigía elecciones judiciales y la renuncia de los prorrogado magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Los trabajadores campesinos anunciaron la toma pacífica de la Asamblea hasta la aprobación de la ley de elecciones judiciales, y demandaron de forma inmediata la renuncia de los diputados y senadores que se prestaron a convulsionar y bloquear la economía nacional con el corte de carreteras, entre ellos Leonardo Loza.
En el documento rechazan los bloqueos, por ser “ilegales y servir a intereses personales de algunos politiqueros”, e instruyeron a las federaciones, departamentales, regionales provinciales, centrales, subcentrales y comunidades organizarse para no permitir que paralicen la economía.
La Csutcb ‘arcista’ exige también al Gobierno cumpla los mandatos del Cabildo nacional del 17 de octubre de 2023 y del ampliado nacional de las organizaciones de 19 de enero de 2024.
Asimismo, la organización ratificó el estado de emergencia y se declaró en constante movilización en defensa de la democracia y del gobierno ante cualquier intento de golpe de Estado, liderado por “el nuevo pacto de la derecha tradicional y la nueva derecha conformada por Creemos, Comunidad Ciudadana y Evistas radicales”.
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