El concejal Pierre Chain acusó a la Alcaldía de La Paz de negligencia administrativa debido al incumplimiento de su propia resolución para acelerar el trámite de declaratoria de Patrimonio Histórico Urbano Municipal en la zona de San Jorge. El caso ganó relevancia la semana pasada tras el colapso de un muro de contención en los terrenos donde antes se encontraba una casa con diseño pagoda y actualmente hay tres edificios con diferentes números de plantas.

Chain señaló que la Resolución Administrativa de la Secretaría N° 008/2022, firmada por el Secretario Rodney Miranda, anula el trámite de declaratoria hasta el vicio más antiguo por vicios procedimentales, pero también ordena continuar el proceso administrativo para preservar el inmueble, que ya tenía una pre-calificación patrimonial de Tipo B.

Según Chain, dicha resolución, fechada el 11 de mayo de 2022, establece claramente en su artículo segundo: “instruir a la Unidad de Patrimonio Cultural, dependiente de la Secretaría Municipal de Culturas y Turismo, efectuar las acciones inmediatas para la catalogación, identificación hasta la emisión del instrumento legal que declare patrimonio histórico urbano municipal de las edificaciones emplazadas en la zona de San Jorge, macrodistrito Centro del Municipio de La Paz que correspondan técnica y legalmente en estricto y fiel cumplimiento a normativa legal vigente”.

Sostiene que, de manera sorprendente, la demolición del inmueble tuvo lugar menos de diez días después de la resolución, el 22 de mayo del mismo año, a pesar de que el trámite para obtener el título de patrimonio del municipio paceño aún estaba abierto, ya que los procedimientos fueron anulados hasta la Ficha de Catalogación de los Bienes Inmuebles.

La ilegalidad radica en que la alcaldía, en lugar de conservar el inmueble por su valor patrimonial, otorgó un permiso de demolición, ignorando la resolución de la Secretaría de Culturas y pasando por alto la Ley del Patrimonio Cultural Boliviano, Ley N° 530, del 23 de mayo de 2014, que establece que los bienes sujetos a ser patrimoniales deben preservarse incluso sin necesidad de una ley.

Chain informó que desde el Concejo se han iniciado actos de fiscalización para conocer el proceso de demolición, pero el alcalde Arias ha bloqueado cualquier iniciativa alegando la inexistencia de una Ley de Fiscalización.

En su opinión, la alcaldía pudo haber tomado medidas para informar a los propietarios, ya sean antiguos o nuevos, sobre los informes y resoluciones destinados a conservar el patrimonio cultural, pero incumplieron su propia resolución y permitieron la demolición.

Lamentó que las gestiones de Luis Revilla y de Iván Arias no hayan iniciado procesos administrativos para establecer responsabilidades de los funcionarios que archivaron y bloquearon el trámite de declaratoria.

Afirmó haber investigado a fondo el caso y ha encontrado graves fallas de fiscalización por parte del Ejecutivo Municipal, por lo que considera que hay responsabilidad no solo administrativa, sino penal, de algunos funcionarios liderados por el alcalde Iván Arias.

Observó que resulta muy sospechoso que el supuesto apoderado legal de los propietarios haya iniciado el trámite de nulidad de obrados el 1 de abril de 2022 y que, casi en un mes, el 11 de mayo de 2022, la Secretaría de Culturas haya emitido un informe favorable al pedido de anular dicho trámite.

Explicó que, debido a esto, él mismo optó por activar procesos penales ante la Fiscalía Departamental de La Paz. Espera que, en esta ocasión, la Unidad de Análisis no defienda al alcalde, ya que todas las denuncias contra Iván Arias suelen ser observadas o rechazadas.

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