Después de que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no logró consenso este año, en medio de disputas políticas entre “evistas” y “arcistas” del MAS, y ante el riesgo de que pudiera darse un vacío de poder, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó este martes, por unanimidad, la prórroga del mandato de las actuales autoridades judiciales y exhortó a los asambleístas a que, “de manera inmediata”, procedan con la preselección de los candidatos a las elecciones pendientes.

Su declaración constitucional se hizo pública cerca del mediodía de este martes y “dispone la continuidad o prórroga de mandato de las actuales autoridades tanto del Órgano Judicial como del TCP entre tanto no sean elegidas y posesionadas las nuevas autoridades judiciales, producto de la preselección que es atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional”. La leyó el magistrado relator Yván Espada en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado de ocho de los nueve magistrados, pues la tribuna Karem Gallardo se encuentra de viaje, en comisión.

En sus primeras disposiciones, los magistrados declararon la constitucionalidad del artículo 2 y de la Disposición Sexta Transitoria del proyecto de Ley 144 de Elecciones Judiciales, que fue motivo de consulta por parte del TSJ, luego de que fuera aprobado en el Senado. Posteriormente, declararon como inconstitucionales varios artículos y disposiciones de esa propuesta legislativa.

“NO SE PUEDE”

“No se puede delegar a los funcionarios subalternos la transición, a partir del 2 de enero, de estas instancias máximas de administración de justicia; es decir, los funcionarios subalternos no tienen la atribución, quienes están revestidos de esas atribuciones y prerrogativas para desarrollar estas funciones son las actuales autoridades, tanto del Órgano Judicial como del Tribunal Constitucional Plurinacional”, justificó Espada.

Además, explicó que tampoco pueden quedar suspendidos los plazos procesales: “No se puede suspender el servicio de justicia, no se puede suspender el ejercicio de los derechos del pueblo boliviano como el acceso a la justicia y el debido proceso”.

“DE MANERA INMEDIATA”

“Exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, cumplir sus funciones y atribuciones constitucionales en cuanto a la preselección de las candidatas y los candidatos a los altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, de manera inmediata por el carácter excepcional y temporal ya establecido”, dice también la disposición de los magistrados.

Al respecto, Espada agregó que “este tribunal tiene la predisposición de asistir, además del marco de sus atribuciones, a cualquier instancia que se genere para materializar la elección de las autoridades judiciales”.

Previamente a la declaración constitucional y después, el presidente del TSJ, Ricardo Torres, puso sus reparos al proyecto de ley impugnado porque, en su criterio, “vulneraba varios derechos como el acceso a la justicia” y pretendía “generar una vacancia y un vacío de poder encargando al personal subalterno que se haga cargo de la transición hasta que se hagan las elecciones judiciales”.

El jueves pasado, reiteró que ni la ALP ni el Órgano Judicial tienen facultades para designar magistrados y que estos tampoco podrían ser reemplazados con autoridades interinas, tal como propusieron asambleístas a través de una ley corta.

Órgano Judicial respalda la decisión

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, afirmó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), al declarar inconstitucional el proyecto de Ley Transitoria de Elecciones Judiciales, garantizó el derecho de los bolivianos con la continuidad de los servicios en los altos tribunales del Estado a partir de enero de 2024.

“Consideramos que (el TCP) resguarda la Constitución y hace respetar la misma y todo su contenido”, dijo en una conferencia de prensa ofrecida en Sucre minutos después de conocerse la resolución del TCP sobre la consulta realizada en septiembre por el TSJ.

Justificó la presentación de este recurso indicando que el TCP era “la única instancia que podía dilucidar el futuro respecto al vacío de poder que se avecinaba a partir del 2 de enero”.

Torres cuestionó que el proyecto de ley “vulneraba varios derechos como el acceso a la justicia” y pretendía “generar una vacancia y un vacío de poder encargando al personal subalterno que se haga cargo de la transición hasta que se hagan las elecciones judiciales”.

Con la resolución emitida este martes, el Presidente del TSJ considera que el TCP muestra que “se va a respetar primero lo que decidió el ciudadano” y que la única vía para acceder a los máximos cargos del Órgano Judicial es por “elección y decisión del soberano”.