La minería privada y las empresas que actualmente producen y exportan minerales emplean a unas 5 mil personas, fuentes de trabajo que garantizan seguridad social, industrial, sueldos fijos, seguro médico, entre otros beneficios. Un experto señala que el Estado debería priorizar e incentivar la llegada de este tipo de compañías.
De acuerdo con el Dossier Estadístico Minero del Ministerio de Minería hasta 2021 la minería mediana empleaba a 4.780 trabajadores, la minería chica a 2.085 personas, la minería estatal a 5.785 trabajadores, mientras que las cooperativas a 129.410 personas.
El experto Carlos Sandy resaltó que el empleo generado por las empresas privadas del exterior que operan en Bolivia y otras nacionales se caracteriza por la cualificación, son fuentes de trabajo con sueldo fijo, los trabajadores gozan de vacaciones, beneficios sociales, aportes a la seguridad social de largo plazo.
Pero también en estas empresas existe seguridad industrial porque para las mismas es importante reducir riesgos, accidentes y por eso los trabajadores desarrollan su actividad con el vestuario y equipo adecuado para el trabajo minero.
Añadió que estas compañías cuidan el medio ambiente, implementan tecnología de punta y procesos adecuados de manejo de desechos, entre otros. En lo social, garantizan vivienda, atención médica a los trabajadores.
“En estas empresas hay contratos estables a largo plazo, se contempla seguridad industrial, seguridad social, acceso a seguros de salud y atención médica, el medio ambiente es controlado por personal técnico. Hay una enorme diferencia entre el trabajo empresarial gerencial con relación al empleo más informal que es el que generan las cooperativas”, puntualizó Sandy.
En contraste, indicó que las cooperativas generan la mayor cantidad de fuentes de trabajo en la minería, pero en muchos casos este empleo es informal, precario, ya que los ingresos dependen del éxito que se tenga en el área de explotación de minerales.
Estos trabajadores no tienen acceso a la seguridad social, jubilación, caja de salud, y desarrollan su actividad muchas veces sin equipamiento, lo cual puede exponer a los mineros a la contaminación con mercurio en el caso del oro o a otras enfermedades pulmonares, añadió Sandy.
Tampoco se hace una explotación racional de los recursos, se genera contaminación y se trabaja de manera precaria y el aporte en regalías es mínimo.
Sandy considera que el Estado debería promover más la llegada de empresas privadas que traigan tecnología y que generen empleo de calidad, pero en su criterio hay un manejo político y se ha optado más por trabajar con cooperativas.
“Una empresa grande se maneja de forma gerencial, genera mejores empleos y abre oportunidades a nuevos profesionales que pueden desarrollar su actividad de manera sostenible. En el caso del oro, la producción debería estar a cargo de unas cuatro o cinco empresas que podrían realizar una explotación racional y generar mayores beneficios para el Estado con el pago de impuestos y regalías a las regiones”, destacó.
En países vecinos, dijo se promueve la llegada de inversiones y es por esa razón que Perú, Argentina o Chile son potencias en minería.
En Bolivia, entre las principales empresas mineras privadas están San Cristóbal que de acuerdo con su Reporte de Sostenibilidad 2022 cuenta con 1.322 empleados distribuidos en campamento y en oficinas de Potosí y La Paz, y 1.501 contratistas.
Pan American Silver dispone de una fuerza laboral de 644 personas, de los cuales 447 son trabajadores y el resto contratistas, según su Reporte de Sostenibilidad 2022. La empresa opera la mina San Vicente.
Santa Cruz Silver Mining en su Reporte de Sostenibilidad 2022 señala que en la mina Bolívar emplea a unas 600 personas y la minería ha estado completamente mecanizada desde principios de 2020 como parte de una iniciativa de seguridad más amplia. En Caballo Blanco, otra de sus operaciones la mano de obra minera ascendió a aproximadamente 275 empleados a tiempo completo en los últimos años. La empresa también está a cargo de la mina Porco.
Expertos coinciden que Bolivia tiene potencial y prospectos mineros que pueden garantizar ingresos para el país los siguientes años, pero se necesita garantizar seguridad jurídica, evitar avasallamientos de minas, generar incentivos para la llegada de nuevas inversiones.
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