El Estado boliviano no tendrá que pagar los 269,4 millones de dólares demandados por Soboce, incluidos el Grupo Gloria, el Consorcio Cementero del Sur y Yura Inversiones Bolivia, según lo dispuesto por la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya en un proceso arbitral que planteó ese consorcio cementero tras la estatización de las acciones de Fancesa (2010). El tribunal arbitral internacional se declaró incompetente para resolver la demanda de Soboce, informó este martes la Procuraduría General del Estado (PGE).

“La Procuraduría General del Estado celebra este fallo que admite las solicitudes, objeciones y argumentaciones presentadas por el Estado Boliviano, declarándose sin competencia ni jurisdicción el Tribunal Arbitral para tramitar el litigio arbitral y consecuentemente resolviendo la causa en favor del Estado boliviano” (sic), dice un comunicado de esa institución.

Los demandantes habían invocado el “Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones Perú-Bolivia” y pedían una compensación económica, más intereses, por un total de $us 183,2 millones, además de los dividendos de las acciones estatizadas por $us 86,2 millones, de acuerdo con información publicada por Erbol.

Sin embargo, según el mismo portal, el Estado boliviano presentó “Objeciones a la Jurisdicción del Tribunal y Solicitud de Bifurcación”, alegando falta de jurisdicción. La PGE informó que el laudo fue emitido este lunes, 27 de noviembre, y que el Tribunal Arbitral decidió admitir la objeción, declarándose sin jurisdicción para resolver la controversia de fondo entre las partes.

ANTECEDENTES

En 2010, el gobierno de Evo Morales, por el Decreto Supremo 0616, dispuso el traspaso del 33,33% de las acciones que Soboce poseía en Fancesa a la Gobernación de Chuquisaca, cuando esta institución era administrada por Esteban Urquizu (MAS).

El otro porcentaje de la fábrica chuquisaqueña está en manos de la Alcaldía de Sucre (33,33%) y de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (33,34%).

Once años antes, en 1999, Soboce había comprado las acciones de Fancesa correspondientes a la entonces Prefectura de Chuquisaca por 26 millones de dólares. De esa manera, la empresa, en aquel año manejada por el empresario Samuel Doria Medina, pasaba a ostentar 69.095 acciones en su poder, mientras que la Alcaldía y la Universidad quedaban con 69.074 acciones cada una.