El proyecto de “Ley de Modificaciones al Presupuesto General de Estado (PGE) 2023 Reformulado” continuaba esta madrugada trabado en la Asamblea Legislativa Plurinacional por las siete disposiciones adicionales que incluyó el Gobierno en la norma y tanto opositores como “evistas” seguían sin estar dispuestos a dar luz verde a la solicitud de la administración del presidente Luis Arce.
Según varias de las intervenciones, los legisladores no se mostraron en contra del presupuesto reformulado, sino únicamente contra las siete disposiciones transitorias que incluyó el Gobierno en el proyecto de ley, que fueron calificadas como “tramposas” y “de contrabando” por parte de opositores y legisladores “evistas”. Entre las disposiciones observadas, sobre todo por la oposición, se encuentran la que autoriza a la ASFI solicitar a los grupos financieros la información que requiera y la que señala que se podrá reportar a la UIF operaciones sospechosas de manera confidencial.
A fines de octubre, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en referencia a esas observaciones, dijo que la cuarta disposición solo busca regular a las empresas de tecnología y plataformas de pago. Con relación a la sexta, afirmó que permitirá mejorar el ejercicio de la supervisión consolidada de grupos financieros. Puso como ejemplo el caso del exBanco Fassil, que fue intervenido por la ASFI, luego de identificarse hechos irregulares en su financiamiento y manejo.
“Con esta normativa, se permitirá que haya convenios entre autoridades de Supervisión como la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero), AEMP (Autoridad de Fiscalización de Empresas), la APS (Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros), para que se pueda hacer seguimiento a los grupos económicos, ya no solo a los grupos financieros”, explicó.
