Demandando que se les permita ejercer sin ningún tipo de presión o amenazas, los jueces de instrucción en lo penal de Santa Cruz pidieron no ser satanizados pues también están “expuestos al flagelo del narcotráfico”. Ayer, los jueces cruceños expresaron su respaldo a un fallo que adoptó su colega Ana Gloria Rojas y, por el cual, se liberó al hermano del narcotraficante Sebastián Marset a requerimiento del Ministerio Público. 

“Como ciudadanos debemos entender que los jueces son garantes de los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la inviolabilidad del domicilio y del debido proceso. Además, sólo los jueces tienen la facultad exclusiva de emitir la ley. Por lo tanto, es esencial que se respete su independencia y que se les permita ejercer su función sin ningún tipo de presión o amenaza”, versa el comunicado.

En conjunto, los jueces pidieron ante la opinión pública que se les permita ejercer sin presiones remarcando que no se los debe satanizar pues ellos también están “expuestos al flagelo del narcotráfico”. 

La portavoz de los magistrados, Patricia Murillo, aseguro que los jueces son los garantes y únicos facultados para emitir órdenes de allanamientos y que no se debe satanizar la función tan noble. Además, lamentó que se pretenda menospreciar la función y hasta calificar de delincuentes a los jueces.

“Como resultado debemos trabajar juntos para garantizar la seguridad social, la ciudad, la seguridad ciudadana y una Policía que actúe bajo el debido proceso al combatir la delincuencia”, remarcaron.

La jueza Rojas defendió la resolución que emitió en agosto de 2022, cuando el hermano de Marset fue liberación debido a una solicitud de la Fiscalía en la imputación por la tramitación de una identidad falsa. La fiscal no pidió su detención preventiva en la cárcel, sino la aplicación de medidas sustitutivas, aclaró.

NOMBRE FALSO

Gerardo Pedro Ferreira Rosendo da Silva, era el nombre falso con el que estaba en Bolivia, procesado por los delitos de falsedad material ideológica y uso de instrumento falsificado, pero en realidad se llama Diego Marset.

En ese entonces, pretendió tramitar ante el Servicio General de Identificación Personal (Segip) el cambio de su identidad, pero en el sistema, la huella dactilar y su fotografía no coincidían con los nuevos datos, lo que motivó a su aprehensión y el inicio de un proceso.