La Sentencia 0060/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dejó este lunes en “fojas cero” el proceso de elección judicial en Bolivia al haber anulado la convocatoria que modificó los plazos electorales y el reglamento de preselección de candidatos a magistrados. Además, dispuso que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe aprobar con dos tercios de votos la ley que garantice estos comicios.

La Comisión Mixta del Legislativo convocó para este martes a una sesión para analizar el fallo y realizar los ajustes al proceso, tomando en cuenta los plazos cortos. También en el plano político, el jefe del MAS y expresidente del Estado, Evo Morales, calificó a la sentencia como un “golpe judicial” mientras que el jefe de Comunidad Ciudadana y también expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, la cuestionó por “tardía”, pero anunció que harán respetar los dos tercios en el Congreso.

Entretanto, parlamentarios tanto oficialistas como opositores coincidieron en que se debe elaborar una norma en consenso y aprobada por dos tercios en la ALP. Además, consideran que es necesario revisar los plazos.

FIN DE LA INCERTIDUMBRE

Luego de casi 45 días de incertidumbre y presiones sobre el TCP, su presidente, Paul Franco, junto a cuatro de sus colegas, confirmó la tarde de este lunes la sentencia que declara inconstitucional la convocatoria y el reglamento de preselección de candidatos de las elecciones judiciales.

“Corresponde ahora, con absoluta responsabilidad y compromiso del país, a nuestra ALP cumplir las atribuciones que por Constitución tiene y emitir una ley por dos tercios de voto”, indicó Franco, en una conferencia de prensa ofrecida en Sucre. Esta decisión obliga al MAS a buscar votos en la oposición en el Congreso.

La Sentencia Constitucional 60/2023 sobre la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta (AIA) planteada por el diputado de Creemos Leonardo Fabián Ayala es una de las pocas que se notifica en el mismo día de su emisión y el Presidente del TCP aclaró que fue aprobada por consenso y por unanimidad, es decir, con el voto de los nueve magistrados. 

Recomendó además a la ALP un “amplio debate constructivo y participativo para la búsqueda del mejoramiento del sistema de justicia”.

El TCP declaró la nulidad de la Ley 1513 promulgada por el presidente Luis Arce el 12 de junio, luego de un debate de casi un mes y que establecía nuevos plazos para la preselección de candidatos. Ahora, se debe elaborar una nueva ley, pero esta vez aprobada por dos tercios y no solo con la mayoría de la bancada oficialista.

FUNDAMENTO

En la parte de los fundamentos del fallo, el TCP menciona, por ejemplo: “Como garantía del principio democrático, se estableció que las disposiciones legislativas deben ser asumidas por dos tercios…”. Dice que esta votación “implica mayores niveles de consenso”.

Además, “…aquellas leyes dictadas en el ejercicio de otras facultades como los nombramientos o propuestas sobre aquellas personas que van a formar de otros órganos y concretamente en la preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, se debe aplicar el procedimiento previsto en la propia Constitución y las limitaciones establecidas en ésta, es decir, la aprobación mediante mayoría calificada o dos tercios”.

LAS REACCIONES

Las reacciones a la sentencia constitucional no se dejaron esperar.

Morales dijo que esta decisión es un “golpe judicial”. “Denunciar este golpe judicial contra la democracia. La sentencia del TCP, que atenta contra el derecho constitucional del pueblo boliviano a elegir democráticamente a los magistrados del Órgano Judicial, es una decisión anticonstitucional y política, no jurídica, que pretende empujarnos como país al pasado del cuoteo de la justicia”, escribió en sus redes sociales.

Por su parte, Mesa calificó como una trampa la decisión judicial por los plazos. “Nuevamente el MAS entrampa el camino para reformar la justicia, con una decisión tardía del TCP. Sostenemos que las elecciones judiciales son un mandato constitucional, pero también es un mandato que se garantice la imparcialidad, independencia e idoneidad de quienes conducirán los Altos Tribunales, y que la preselección se defina por dos tercios de la Asamblea. CC va a exigir que se cumplan estos mandatos”, publicó por la misma vía.

Por su parte, el diputado Erwin Bazán (Creemos) dijo que la única alternativa que existe para conformar tribunales creíbles es la preselección en las regiones y la participación activa de un ente supralegislativo que avale la idoneidad de los candidatos.

“Existe la voluntad política de las bancadas de oposición, se puede sesionar por tiempo y materia. El problema es que el MAS no tiene la voluntad política, este fallo lo ha demostrado”, enfatizó, en rueda de prensa.