El fallo pendiente del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre las elecciones judiciales puede suprimirlas? Así lo advierten diputados de oposición miembros de la Comisión Mixta de Constitución, al recordar una declaración de fines de abril del ministro de Justicia, Iván Lima, y señalar que los magistrados podrían aplicar una interpretación de las normas similar a lo que hicieron sus antecesores cuando avalaron la reelección indefinida del expresidente Evo Morales.
“No hay que descartar que esta sentencia deje de lado la elección judicial y suprima el voto popular en las urnas. Hasta ese tema ya lo ha preanunciado el Ministro de Justicia (…) Lo haría como la reelección indefinida de Evo Morales: usaron como pretexto el control de convencionalidad (…) y en este otro caso podrían hacer lo mismo: podrían decir que el voto popular es contrario a una norma del Pacto de Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos Humanos) y, por lo tanto, se lo deja sin efecto”, explica a Correo del Sur Radio el diputado de Comunidad Ciudadana Carlos Alarcón.
Simplificando, el control de convencionalidad es la obligación de los estados de cumplir sus compromisos internacionales, fundamentalmente en derechos humanos.
El 28 de abril, Lima señaló que está en manos del TCP la posibilidad de que “pueda suprimirse la elección de voto popular”. “Esta es una determinación que va a tomar el TCP, yo no puedo adelantar un criterio de lo que van a decidir ellos, es una de las posibilidades que tiene que tomar el TCP”, declaró entonces.
¿Pero puede el TCP ir más allá de lo planteado por el diputado disidente de Creemos Leonardo Ayala? “Se cree que está por encima del control constituyente”, responde Alarcón.
El 24 de abril, Ayala presentó una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta, solicitando la declaratoria de inconstitucionalidad de la Resolución R.A.L.P 007/2022-2023 de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), con el argumento de que la convocatoria al proceso de preselección de postulantes fue aprobada sin cumplir el requisito constitucional de los dos tercios. En su criterio, la ALP debió ejercer su facultad a través de una ley y la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Desde Creemos, recuerdan que Ayala actúa por fuera de la alianza opositora. La diputada de esa tienda política Tatiana Áñez remarca a FM 90.1 que ellos ven con desconfianza la futura sentencia. Como su colega de CC, cita lo que dijo Lima, “que incluso el Tribunal puede pronunciarse con respecto a la existencia o no de unas elecciones judiciales”.
Alarcón está convencido de que el fallo “va a ser manipulado por el Gobierno”, con el apoyo del TCP y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“Venimos denunciando de que el MAS no tiene la intención de que existan las elecciones judiciales y esta serie de recursos que se han activado dentro del TCP nos genera muchísima sospecha porque la única finalidad que ha tenido es de prorrogar y suspender este proceso”, manifiesta Áñez.
Una autoridad judicial que prefirió mantener su identidad en reserva señaló que la clase política apunta al TCP como el que inviabiliza las elecciones judiciales, “cuando ellos están conscientes de que la ALP tiene la obligación de cumplir con la Constitución y aplicar los dos tercios en estas decisiones”.
