El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que las comunidades que tienen denuncias de protección a los contrabandistas incurren en el delito por recibir prebendas en dinero y obras; existe una investigación para identificar a los comerciantes de mercadería ilegal y a las regiones que practican esa metodología.

La protección a contrabandistas en comunidades del occidente fue denunciada en reiteradas ocasiones, pero las autoridades no pudieron hacer mucho para procesar a sus dirigentes y menos para frenar ese modus operandi.

“En cuanto a este caso, esa es la información que ha sido recibida, (la protección) sería a efecto de hacer algunas mejoras en la comunidad, esa es la referencia que hemos recibido. Esta denuncia ha sido recibida y se está procediendo con las investigaciones preliminares”, declaró el fiscal Morales a la ANF.

La autoridad del Ministerio Público detalló que los contrabandistas entregan dinero en efectivo a los campesinos. Para demostrar la denuncia, suministraron videos a la Fiscalía donde existen imágenes del momento de la entrega. Este material ya fue derivado a pericia para determinar la fidelidad y autenticidad del registro.

"El cobro (de cuánto realizan o cuánto les pagan) está en el informe que se va a verificar. Para no entorpecer, (luego) se va a dar mayores detalles, pero se va a tener una versión fidedigna", indicó el fiscal de Oruro.

Rubén Ferrufino, representante de los propietarios de los vehículos indocumentados, desmintió algún vínculo con la actividad en el área rural y aseguró que muchos de sus afiliados adquirieron sus vehículos cuando estos ya ingresaron a territorio boliviano.

“Sabemos que esto no es reciente de que había poblaciones, que había municipios que colaboran en esto (de protección al narcotráfico), pero felizmente nosotros no tenemos nada que ver con eso. Que investiguen, van a comprobar que son otros los delincuentes”, declaró Ferrufino.

Por otro lado, el fiscal Morales aseguró que la tarea no es sencilla porque el investigador debe ingresar a las comunidades donde presuntamente se realiza ese tipo de actividades, pero se debe actuar con mucho “tacto” por la elevada susceptibilidad.

En diciembre de 2022, el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, confirmó que las comunidades prestan servicio a los contrabandistas e impiden el trabajo de las autoridades de la lucha contra el contrabando, pero no actuaron como hasta ahora lo hizo el fiscal orureño.

Hasta finales del pasado año, hubo varias denuncias de militares y policías destinados a la lucha contra el contrabando que fueron atacados por los propios campesinos. Los uniformados declararon que los campesinos protegen a los contrabandistas; estos afirmaban que los militares abusaban en las comunidades, las investigaciones nunca prosperaron sobre las agresiones.

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