Una nueva denuncia formal de pederastia, esta vez contra el difunto jesuita Jorge Vila Despujol, fue presentada este jueves ante el Ministerio Público en Cochabamba. 

Se trata de la segunda víctima que lo hace y cuenta con el acompañamiento psicológico y legal del canal de Escucha y Atención de la Compañía de Jesús. La anterior se concretó en Santa Cruz, el pasado 19 de mayo, contra el sacerdote, también fallecido, Alfonso Pedrajas.

Vila Despujol murió en Barcelona en 2012 y, a inicios de la década de los 90, habría realizado toques impúdicos a la persona denunciante cuando tenía 13 años en una unidad educativa de Cochabamba, donde el sacerdote colaboraba. Él fue fundador de Defensa de Niños y Niñas Internacional en Bolivia (DNI-Bolivia).

La identidad de la persona denunciante, quien se presentó ante la Fiscalía Departamental de Cochabamba, así como otros datos concurrentes, permanecen en reserva. La víctima se comunicó hace pocos días con el canal de Escucha y Atención de la Compañía de Jesús para dar a conocer su caso.

La psicóloga Sandra Carvajal, responsable de esa instancia, destacó que la formalización de esta segunda denuncia con apoyo de la Compañía de Jesús puede animar a otras víctimas a dejar de callar y hacer que se abra una investigación de sus casos.

REVISIÓN 

Por otra parte, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) manifestó este jueves su disponibilidad a revisar los convenios educativos que tiene con el Estado, a propósito de un anuncio del Ministerio de Educación en ese sentido ante las denuncias e investigaciones por abusos sexuales y pederastia en contra de varios sacerdotes.

El secretario ejecutivo del Área de Educación de la CEB, Jorge Fernández, dijo que le parece “saludable el hecho de que se vaya revisando permanentemente los convenios” porque eso permite “profundizar, actualizar y ver los alcances del servicio y el trabajo” de la Iglesia católica en el ámbito educativo.

El ministro de Educación, Édgar Pary, anunció el martes que revisará los convenios que tiene el Estado con escuelas administradas por la Iglesia católica para “proteger la integridad” de niños y adolescentes, ante las denuncias que están en investigación actualmente.

Fernández recordó que el sistema educativo boliviano tiene tres sistemas que son el privado, el de convenio y el fiscal.

COMPARTIDO

“Como Área de Educación tenemos especial referencia y responsabilidad sobre los colegios de convenio”, en los cuales la responsabilidad es compartida entre el Estado boliviano, que designa y paga los salarios de los directores y docentes, y la Iglesia católica, que tiene responsabilidades administrativas y pedagógicas, explicó.

“La Iglesia católica en ningún momento en su servicio educativo está al margen de lo que dice el Ministerio de Educación. Siempre hemos estado cumpliendo todos los requisitos y obligaciones que el ministerio nos pide”, remarcó.

CONVENIOS

Según Fernández, en noviembre de 2011 se firmó un convenio sectorial con el Ministerio de Educación que estableció “las responsabilidades del Estado y de la Iglesia católica”. Tiene un tiempo de duración de cinco años y ya ha sido renovado mediante adendas de extensión en 2017 y en 2021.

“El año 2024 nos toca hacer una adenda o una renovación de un convenio”, añadió.

“En cualquier convenio hay siempre un momento de diálogo y de definir los alcances, límites y objetivos de ese convenio. Si el Ministerio nos plantea la revisión en esos términos, estamos al alcance y con la disponibilidad de hacerlo”, dijo.

Fernández aclaró que los casos de pederastia denunciados recientemente se dieron en un internado que funcionó como colegio hasta 2006 y recordó que la CEB tiene protocolos de prevención desde 2016.

Los colegios de convenio representan entre el 10 al 11 % de la educación en Bolivia, pues son 1.524 unidades educativas, mientras que las escuelas privadas pertenecientes a la iglesia son 85 y se rigen por una legislación diferente, pero que “también viene desde el Ministerio de Educación”, remarcó.