La Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD), conformada por 21 organizaciones de la sociedad civil, publicó un informe mediante el cual sostiene que la independencia del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) se encuentra deteriorada y advierte, además, falencias en transparencia y reglamentos.

“La independencia del OEP está deteriorada, entre otros, por la capacidad del Ejecutivo de designar a un vocal en el TSE y un vocal en cada TED. Este hecho no permite la disidencia o el debate en una sala plena que recibe instrucciones políticas del partido en función de gobierno”, dice una de las conclusiones del informe que analizó la institucionalidad de esta entidad. 

Según el documento, en el Órgano Electoral, “opiniones y posturas personales de miembros designados por el poder imperante han sido son repelidas en algunos momentos”.

Asimismo, señala que hubo “renuncias en cadena de vocales en gestiones donde ha existido abuso de poder y un claro servilismo hacia el poder ejecutivo”.

“Al tratarse de un único partido en función de gobierno durante más de quince años, se ha tenido el tiempo suficiente para estructurar la ingeniería de los procesos electorales y lo que ellos implican, lo que es fácil percibir en la descripción de los procesos electorales que el TSE ha administrado desde 2009 hasta 2019”, apunta el informe.

En el trabajo se mencionan casos como el de Ramiro Paredes, que siendo vocal del TSE antes de las elecciones subnacionales de 2015 participó de un agasajo organizado por militantes del Movimiento Al Socialismo. También hace referencia a otros vocales de entonces, como Dina Chuquimia que fue apartada de las elecciones subnacionales por reenviar un mensaje de Twitter de un candidato del MAS y de Irineo Zuna que fue vinculado con la organización de campesinos aliada del oficialismo.

El texto se menciona, entre otros ejemplos, la renuncia de la vocal Rosario Baptista, que en su carta de dimisión señaló que no podía seguir en un Órgano Electoral que no es independiente ni imparcial.

En el tema de transparencia, la alianza OCD afirmó que en el poder electoral boliviano existe un secretismo, por ejemplo, sobre el padrón electoral. Además, advirtió ausencia de mecanismos de rendición de cuentas minuciosa respecto de los procesos electorales, las diferentes dificultades que enfrenta la ciudadanía organizada cuando pretende realizar seguimiento de los procesos electorales y la displicencia con la que se trata la generación de información pública.

El informe señala también que el OEP no cuenta con reglamentos actualizados para iniciativas como la de juristas independientes que intentaban realizar un referendo para la reforma judicial.

Administración de procesos electorales

Si bien el informe señala que el OEP no asumió recomendaciones de misiones internacionales, después de los conflictos de 2019, hubo avances en lo técnico electoral.

“Un claro ejemplo de esto son las elecciones de 2020, organizadas en un ambiente de gran polarización, de desconfianza hacia las instituciones del Estado e incluso ha enfrentado los rigores de la pandemia por el coronavirus con gran solvencia, instalando de forma democrática al partido de gobierno después de una administración que no admite críticas”, reconoce el texto. 

Indica que, aunque la decisiones del OEP no son independientes, “este órgano del Estado se ha mantenido como una garantía de legalidad y legitimidad en momentos críticos de la historia del país y ha contribuido al fortalecimiento de la democracia”. 

“El OEP todavía es considerado como el único “salvavidas” y “pilar fuerte” que sostiene la institucionalidad democrática en Bolivia y que es capaz de garantizar procesos electorales con un alto nivel de participación ciudadana”, finaliza el texto.

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