El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que permanece encarcelado en Chonchocoro por el caso “golpe de Estado I”, sumó ayer un nuevo proceso judicial en su contra. La Fiscalía lo imputó por el caso “Decretazo”.
El caso tiene que ver con el Decreto Departamental 373, que fue publicado en la Gaceta de Santa Cruz y retierado poco después ante unas supuestas irregularidades.
La comisión de fiscales que tiene a su cargo el caso investiga a Camacho, en su acusación, pidió prisión preventiva para el Gobernador cruceño por 180 días, es decir, seis meses, en la cárcel de Palmasola.
Consultado al respecto, Martín Camacho, abogado de la autoridad cruceña, la mañana de ayer, dijo que no habían sido oficialmente notificados con la imputación.
La Fiscalía investiga a Camacho por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.
En marzo de 2022, Camacho, antes de un viaje al exterior, no delegó sus funciones al vicegobernador Mario Aguilera, tal como lo establece el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, según la denuncia, sino que entregó esa responsabilidad al secretario de Gestión Institucional de la Gobernación, Miguel Ángel Navarro, con el decreto en cuestión.
