El excuraca de la nación Qhara Qhara y actual secretario permanente del Tribunal de Justicia Indígena, Saúl Flores, advirtió que las autoridades campesinas que autorizan o impulsan la expulsión de personas de las comunidades, a título de justicia comunitaria como en el caso de Martín Choque, son pasibles a procesos penales.

“Exhortamos a todo el país, a las organizaciones indígenas originarias campesinas, también a las organizaciones sociales, que no cometan delitos porque más adelante pueden caer en procesos penales (…), como incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución, pueden ser sancionados. Si ellos (ayllu) se sienten competentes, deben llevar el debido proceso y no sólo expulsarlo, que se defienda”, explicó Flores, en contacto con la ANF.

El pasado 23 de febrero, el expresidente Evo Morales llegó a la población de Cala Cala del departamento de Potosí para ser parte del VII Festival de la Qhonqhota, pero el responsable de Culturas del municipio de Uncía, Martín Choque, rechazó su presencia y tiró la silla que estaba destinada en el palco para el exmandatario.

Esta actitud derivó en la molestia de los seguidores de Morales y procedieron a golpearlo; dos días después, una asamblea con comunarios afines al exmandatario decidió expulsarlo de la población a título de justicia comunitaria.

El experto en justicia indígena explicó que la Constitución Política del Estado vela por los derechos de los individuos y ninguna autoridad indígena puede vulnerar el derecho a existir libremente dentro su territorio. En el caso de Choque, los derechos se vulneran y se materializan. 

“A este hermano tendrían que haberlo llevado el debido proceso, escucharlo por qué lo están expulsando, hombre o mujer tiene derecho, dentro de una comunidad indígena. Tiene el derecho a defenderse, ser oído por una autoridad jurisdiccional competente y no así una asamblea o un cabildo, esa no es una democracia comunitaria”, aseguró.

Flores resaltó que una expulsión en una región podría darse cuando la persona atenta y afecta los derechos colectivos de la comunidad o está en contra de su sistema cuando se registra una violación, intento de asesinato u homicidio.

“Por seguridad las personas pueden ser expulsada por faltas graves. En este caso creemos ha sido una falta a la moral, digamos, pero no una falta grave”, explicó el secretario permanente del Tribunal de Justicia Indígena.

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