Jeanine Añez enfrenta una nueva investigación en la vía ordinaria. En este caso fue denunciada junto a su gabinete por una política para reducir el precio del combustible de avión Jet-Fuel en el contexto de la pandemia, informó a ERBOL su abogado Luis Guillén.
El jurista dijo que este proceso forma parte de una persecución política contra Jeanine Añez, desconociendo otra vez su ejercicio como presidenta del Estado al denunciarla en la vía ordinaria, pasando por alto que le corresponde juicio de responsabilidades.
La denuncia fue presentada por el Viceministerio de Transparencia. La misma refiere que habría existido un daño económico por el Decreto Supremo 4272, emitido en junio de 2020, debido a que autorizó la venta de Jet-Fuel a precio reducido para operaciones aéreas internacionales, medida contraria a un Decreto anterior de Evo Morales, el cual sólo permitía el precio subvencionado para vuelos nacionales.
Según la denuncia, el Jet-Fuel costaba en 2020 Bs6,65 a precio internacional, pero con el Decreto del Gobierno de Añez las operaciones aéreas internacionales recibieron el combustible a precio subvencionado de Bs2,77. El daño económico estimado llega a casi 54 millones de bolivianos.
El jurista recordó que durante la pandemia había la necesidad de que personas regresen a sus lugares de origen por el cierre de fronteras, por lo cual el Gobierno de Añez dictaminó facilitar la provisión gasolina de avión para generar vuelos más económicos y contribuir así a la integración de las personas.
La denuncia es por delitos de resoluciones contrarias a la ley y la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
El abogado Guillén observó que se suele recurrir a los tipos penales de resoluciones contrarias a la ley y la Constitución e incumplimiento de deberes, puesto que son ambiguos en su definición y son más fáciles para adecuar una imputación.
Explicó que como defensa de Añez no fue notificado con el proceso, pero el mismo está abierto y ya se convocó a declarar a, por ejemplo, el exministro de Energías, Álvaro Guzmán.
Guillén consideró que no se justifica judicializar una política de Estado, porque obedece a una situación que atravesaba el país en el momento de la pandemia.
Sostuvo que los acusadores de Añez no buscan justicia, sino utilizan múltiples procesos judiciales como una persecución política para evitar que pueda lograr una libertad.
Añez fue detenida en marzo de 2021 por el caso denominado “Golpe de Estado I”. Ya tiene una sentencia por el caso denominado “Golpe de Estado II”.
Desde entonces, se le inició también procesos penales por hechos registrados en su gobierno, como un presunto nombramiento ilegal en la Empresa Boliviana de Alimentos y el caso Senkata.
En la vía de juicio de responsabilidades aún se encuentran los casos del préstamo del FMI, la ampliación del contrato de Fundempresa y los decretos que socavaban la libertad de expresión en la pandemia, pero hay controversia respecto a los mismos por qu el oficialismo considera que no corresponde juicio de privilegio a Añez, sino proceso ordinario.
La defensa de Añez sostiene que le corresponde juicio de responsabilidades y no proceso ordinario, porque se la denunció por hechos registrados durante su ejercicio como presidenta. Sus detractores dicen que corresponde juicio penal, porque consideran que no fue presidenta constitucional.
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