A solicitud del Ministerio Público, el Juzgado de Sentencia Penal Octavo de Santa Cruz suspendió este lunes la audiencia sobre la acción de libertad que interpuso la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho, donde se iba a definir si era trasladado o no a un hospital.
Carlos Ledezma, abogado de la autoridad, cuestionó que la Fiscalía haya pedido ese recurso sea valorado por un juzgado de La Paz, sin tomar en cuenta que una acción de libertad pide la protección de la vida del sindicado y se puede desarrollar en cualquier jurisdicción del país.
“Cuando se trata de una acción de libertad que protege la vida de la persona detenida debe llevarse en cualquier jurisdicción. Es la primera vez que conocemos esta arbitrariedad de la juez de Santa Cruz que ha declinado su competencia a solicitud el Ministerio Público para que se desarrolle en un juzgado de La Paz”, informó.
La audiencia estaba prevista para las 18:00 de este lunes, pero por el cambio de juzgado, se desconoce la fecha y la hora.
El recurso legal tiene el objetivo de que una ambulancia y personal médico puedan atender y trasladar a Camacho a la Clínica Alemana en La Paz.
La autoridad se descompensó en el penal de Chonchocoro porque no recibió el tratamiento médico cada dos semanas para neutralizar los efectos de la hipoglobulinemia variable del adulto que baja sus defensas de forma drástica.
La esposa del Gobernador, Fátima Jordán, explicó que en el recinto penitenciario no tiene las condiciones para que reciba los medicamentos que necesita la autoridad, por lo que es urgente que se autorice el traslado.
Régimen Penitenciario descarta traslado
Al respecto, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, resaltó las recomendaciones que hizo la junta médica que se reunió el 31 de diciembre, donde participaron médicos del hospital de clínicas, del IDIF, la Defensoría del Pueblo, del penal y dos especialistas traídos por la familia de la autoridad.
En esa oportunidad se determinó que su salud era estable y no existía ningún riesgo para que reciba su tratamiento médico en el mismo centro penitenciario porque, en base a los antecedentes, Camacho se trataba en su domicilio y no en un centro hospitalario.
La junta solicitó que se realice una valoración psiquiátrica y psicológica para que pueda ayudarlo. Además, se habilitó un ambiente adecuado y con los servicios básicos para que sea trasladado y sea tratado por los médicos.
“En ese sentido, consideramos que la administración penitenciaria ha actuado de manera responsable, somos un Estado que respetamos los derechos humanos. Hemos mantenido una comunicación constante con los familiares y los abogados para evitar cualquier tipo de susceptibilidad”, afirmó.
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